El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha iniciado un pulso con el Gobierno de Canarias tras presentar un requerimiento formal para que se retire el informe que bloquea la concesión de ayudas al alquiler para jóvenes menores de 35 años. La medida, impulsada desde el área económica municipal, busca desbloquear una línea de apoyo centrada en el pago de la fianza.
Desde el consistorio se considera que la actuación de la Viceconsejería de Hacienda supone una intromisión en sus competencias, al impedir el desarrollo de una política social dirigida a facilitar el acceso a la vivienda.
Choque institucional
El alcalde, David de Vera, defiende que el municipio dispone de una situación financiera sólida, con deuda cero, un remanente cercano a 27 millones de euros y previsiones de superávit en el ejercicio actual. En este contexto, cuestiona que se limite la capacidad de gasto municipal.
La corporación sostiene que la interpretación realizada por la administración autonómica sobre su situación económica no se ajusta a la realidad y condiciona injustificadamente la gestión local.
Discrepancias técnicas
El requerimiento, promovido por el concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, rebate los argumentos del informe autonómico. Según explica, se estaría exigiendo la elaboración de un nuevo Plan Económico-Financiero (PEF) pese a que ya existe uno vigente para el periodo 2025-2026.
Además, subraya que el presupuesto municipal de 2026 cumple con los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, tal y como recoge el informe del interventor.
Origen del desequilibrio
Desde el área económica se explica que el desajuste registrado en 2025 responde a un gasto puntual derivado del pago de una sentencia judicial superior a 6 millones de euros, y no a un problema estructural de las cuentas municipales.
Por ello, consideran desproporcionada la imposición de restricciones adicionales sobre el crédito previsto en el presupuesto ordinario.
Impacto en las ayudas a jóvenes
La concejala de Vivienda, Toñi Fernández, advierte de que el bloqueo afecta directamente a unas ayudas que considera clave para facilitar el acceso a la vivienda entre la población joven del municipio.
El Ayuntamiento sostiene que dispone de recursos suficientes para poner en marcha esta medida y no descarta acudir a la vía judicial si en el plazo de un mes no se revoca el informe, mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo.