“Esto se ha convertido en una guerra política”. Así de tajante se expresa Miguel Ángel García, portavoz de los 12 bomberos interinos de Gran Canaria que denuncian estar trabajando bajo abuso de temporalidad desde hace varios años. Los agentes exigen no tener que pasar las oposiciones del 24 de mayo e ir mediante concurso de méritos.
Su lucha seguirá adelante y han pedido respaldo institucional a los 19 ayuntamientos que forman parte del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria (CEGC). Es decir, todos los municipios de la Isla menos San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria porque tienen sus propios cuerpos de bomberos. Este martes recibieron el apoyo de Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, en rueda de prensa.
Sentencia del Supremo
En cualquier caso, los afectados argumentan que una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) reconoce que si una persona participa en una oposición, consigue plaza y trabaja con un contrato temporal durante más de tres años porque el cupo estaba completo —como es su caso—, debe pasar a formar parte de la plantilla fija.
Aún así, el Cabildo de Gran Canaria se niega a estabilizarlos tras estudiar la situación con sus servicios jurídicos. “No existe fundamentación legal, ni jurisprudencial, para rectificar la doctrina establecida hasta el momento por los tribunales”, indican fuentes de la Corporación Insular con las que se ha contactado Atlántico Hoy.
"Entendemos la incertidumbre"
“El Cabildo es consciente de la incertidumbre que genera enfrentarse a un proceso selectivo y comprende su preocupación por su futuro profesional y por la estabilidad de sus puestos. Precisamente por el respeto que le merece esa situación, considera importante explicar con claridad por qué, en este momento, no puede acceder a su demanda”, indican.
“La convocatoria y sus bases constituyen actos administrativos válidos y eficaces que, además, fueron negociados y aprobados por la Mesa General del CEGC, y que, por ello, se presumen ajustados a Derecho mientras no sean anulados por un órgano jurisdiccional”, explican también.
Cronología
García, por su parte, detalla que la sentencia del TS es definitiva y no cabe recurso contra ella. Por lo tanto, apunta, cualquier funcionario interino que haya superado un proceso selectivo para optar a una plaza fija y esté bajo abuso de temporalidad, debe ser fijo cuanto antes.
Los problemas para los 12 bomberos interinos se remontan al año 2010, cuando empezaron a prepararse unas oposiciones que no finalizaron hasta 2019. A partir de ahí, el CEGC decidió crear una lista de reserva con quienes aprobaron el proceso selectivo y los 15 primeros entraron como interinos.
Estabilización
“Nosotros sabíamos que tendríamos que volver a presentarnos a las oposiciones, pero pasó un año, luego dos, después tres y al final entramos en abuso de temporalidad”, relata García. El primer contrato lo firmaron en 2020 y en octubre de 2023 se publican las bases para una oferta de estabilización de empleo público de cara a mayo de 2024.
Los bomberos fueron a los tribunales porque solo se iba a estabilizar al personal de oficina, alcanzaron un acuerdo in extremis para ir mediante concurso de méritos y aquello saltó por los aires cuatro meses después: la jefa jurídica emitió un informe donde decía que debían presentarse a la oposición ordinaria.
Argumentos jurídicos
Más allá de todo esto, García resalta que ahora debe prevalecer la sentencia del Supremo y que se les declare como personal fijo lo antes posible. Indica que han elaborado un escrito junto a su abogado, Marcos Peña —doctor en Derecho que cuenta con un extenso currículum—, dirigido al presidente del Cabildo, Antonio Morales.
El documento, que ofrece argumentos jurídicos sobre por qué deben ser estabilizados, fue enviado este miércoles a todos los alcaldes para pedirles apoyo institucional. Asimismo, los bomberos lamentan que el consejero de Hacienda y Seguridad, Pedro Justo, no los haya recibido pese a haberle pedido varias veces una reunión desde octubre de 2025.
"No existe fundamentación legal"
Desde el Cabildo de Gran Canaria admiten que conocen los dos pronunciamientos del Tribunal Supremo (Auto de la Sala Tercera y Sentencia de la Sala cuarta) dictados con posterioridad a la sentencia de la justicia europea “y comprende su inquietud ante los sucesivos fallos judiciales sobre este asunto”.
Aseveran que tratan de actuar con la máxima seguridad jurídica. “Lo que trasladan los servicios jurídicos es que con la legislación actual y la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso del TS, no existe fundamentación legal, ni jurisprudencial, para rectificar la doctrina establecida hasta el momento por los tribunales”, apostillan.
El futuro dirá
“Si en un futuro se dictara una legislación que amparara un nuevo proceso de estabilización o, como resultado de las acciones judiciales emprendidas, un criterio jurisprudencial aplicable a los funcionarios públicos que permitiera considerar sus aspiraciones, el Cabildo no tendrá duda alguna en aplicarlo, en los términos en que se regule, pero a día de hoy, no existe esa opción”, cuentan.
En cuanto a la oferta de empleo público que está recurrida, señalan que será la autoridad judicial quien decida. Sobre lo de proveer las plazas mediante un sistema de concurso o restringido, indican que “no es viable” porque “el marco legal aplicable a los funcionarios no permite el acceso mediante el sistema de concurso salvo que lo establezca una Ley y con carácter excepcional”.