El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se enfrenta a una nueva controversia tras la denuncia de un empresario que acusa a la administración local de arbitrariedad en la aplicación de normativas urbanísticas y de filtrar documentos a medios de comunicación con el propósito de dañar la reputación de ciertos negocios.
El denunciante, Juan Manuel Pérez León, sostiene que el Ayuntamiento ha aplicado las normas urbanísticas de manera selectiva, sancionando a ciertos establecimientos mientras permite que otros operen con presuntas irregularidades.
En su escrito, dirigido al alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez y a diversas autoridades municipales, exige que se fiscalicen todas las terrazas comerciales del municipio bajo el mismo criterio.
Filtraciones de expedientes
Pérez León asegura que su negocio fue clausurado en 2017 a pesar de contar con las licencias necesarias, mientras que otros establecimientos sin permisos continuaron abiertos. “Desde 2001 he denunciado cientos de irregularidades, pero el ayuntamiento solo actúa contra quienes le interesa”, afirmó.
Uno de los puntos más graves de la denuncia es la presunta filtración de documentos oficiales a la prensa. Según el denunciante, esto podría constituir un delito de revelación de secretos y violación de la custodia de documentos, tipificado en los artículos 413 a 416 del Código Penal.
“Han hecho público un expediente administrativo para perjudicar a un empresario ante la opinión pública”, señala Pérez León, quien advierte que el afectado podría solicitar la nulidad del procedimiento y exigir responsabilidades legales.
Competencia
El denunciante sugiere que la filtración proviene del Departamento de Disciplina Urbanística, con el objetivo de desacreditar al propietario de un negocio en el Paseo de Meloneras y facilitar su eliminación como competidor.
“No es la primera vez que ocurre algo así”, añade, recordando su propio caso en 2017, cuando su local fue registrado por 24 policías, algunos encapuchados, bajo sospechas que nunca se probaron.
Modus operandi
El empresario también acusa al ayuntamiento de no actuar de oficio y de ignorar numerosas denuncias sobre terrazas ilegales en Playa del Inglés y otras zonas del municipio.
Sostiene que muchas de estas no pagan el canon correspondiente desde la pandemia y que algunas han cerrado el perímetro de sus terrazas, ocupando espacio público sin control.
Según Pérez León, los funcionarios municipales actúan en connivencia con políticos y empresarios influyentes, estableciendo una red de corrupción en la que algunos trabajadores públicos ejercen su poder para favorecer o perjudicar a determinados negocios, mientras los políticos dependen de estos para mantenerse en el cargo y, en última instancia, ciertos grandes empresarios controlan el sistema en su propio beneficio. “Esta corrupción continuará hasta que alguien acabe en la cárcel o sea inhabilitado”, advierte.
Chester, Fund Grube y Douglas
Entre los ejemplos de presuntas irregularidades, el denunciante menciona a la discoteca Chester Meloneras, que sigue funcionando pese a que su licencia de apertura depende de un Plan de Modernización anulado judicialmente.
También señala a las tiendas Fund Grube y Douglas, que se beneficiaron de ese mismo plan, pero no han sido objeto de sanciones como otros negocios en la zona.
Además, se critica la falta de acción sobre el Hard Rock Cafe y otros locales en los Anexos de Playa del Inglés, que, según el denunciante, siguen operando sin pagar tasas mientras el ayuntamiento se centra en cerrar una sola terraza en Meloneras.
Medidas urgentes
El denunciante exige que el nuevo concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, tome cartas en el asunto y actúe con transparencia y justicia. Pide que se investiguen todas las terrazas comerciales del municipio y que se revisen las concesiones administrativas para evitar enriquecimientos ilícitos.
“Si van a cerrar una terraza por impagos, deben hacerlo con todas”, sentencia Pérez León, quien advierte que si el Ayuntamiento no rectifica, llevará el caso al Ministerio Fiscal.
Administración bajo sospecha
Las denuncias apuntan a un patrón de tratos preferenciales, irregularidades en el urbanismo y posible corrupción en San Bartolomé de Tirajana. Mientras algunos empresarios son sancionados y expuestos públicamente, otros siguen operando sin que la administración actúe en consecuencia.
El ayuntamiento aún no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones.