La Audiencia Nacional ha denegado la solicitud de Puerto Rico SA para ampliar la prórroga de uso de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, donde se ubican varios restaurantes y locales situados cerca de la playa e incluso sobre la arena, en el municipio de Mogán.
El fallo considera probado que esas instalaciones causan un impacto ambiental significativo, incluyendo posibles vertidos, contaminación acústica y obstrucción al uso público del litoral.
Impacto ambiental y ocupación
La sentencia señala que las construcciones carecen de autorización o concesión vigente, lo que implica una ocupación ilegal del dominio público. El peritaje oficial destaca que algunos kioscos superan las dimensiones permitidas, llegando en ciertos casos al 30 % más de lo autorizado, con soleras de hormigón fijas para mesas y sillas.
Aunque algunas estructuras han sido derribadas, aún permanecen otras, tanto fijas como desmontables, que han sido objeto de expedientes sancionadores previos, lo que justifica la negativa de Costas a conceder una nueva prórroga.
Recurso desestimado
La empresa alegaba que el expediente estaba caducado y que muchas de las instalaciones ya no existían, pero la Audiencia concluye que hubo un exceso claro en la ocupación sin autorización, tal como denunció el Abogado del Estado en su oposición al recurso.
La concesión original, otorgada en 1972, permitía construir un puerto deportivo y una playa artificial. En los años posteriores se autorizaron obras adicionales, como un muelle base, pero con la obligación expresa de contar siempre con autorización previa del Ministerio o del Gobierno canario, tras el traspaso de competencias.
Expedientes desde los años 90
En 1997 se inició un expediente sancionador por ocupaciones cerradas en dominio público y servidumbres que alcanzaban 1.900 m². En los años 2000 y 2002 se ordenó el desalojo de varios restaurantes y kioscos, y ya en 2009 se incoó un nuevo expediente por la ocupación de otros 30 m² con mesas y sillas.
En 2015 la empresa volvió a pedir la prórroga, y dos años después Costas elaboró un informe que calificaba las instalaciones como “ilegales” y proponía su demolición. Para entonces ya habían desaparecido tres locales.
Oposición municipal
El Ayuntamiento de Mogán también se opuso a renovar la autorización debido a reiterados incumplimientos. En 2019 se levantó un acta de ocupación que recogía la presencia de ocho locales activos, entre ellos restaurantes, aseos, oficinas, carteles y taquillas, sin el respaldo legal necesario.
Con esta decisión judicial, la empresa queda sin vía para mantener su actividad en estos puntos, y se refuerza la actuación de Costas para recuperar el uso público del litoral.