Noelia García lleva 16 años viviendo en casa la misma situación que otras 11 familias grancanarias: ser el apoyo de un opositor que sigue sin conseguir plaza. De primeras parece una realidad dura, pero que no debería generar polémica. El problema está en que su marido forma parte de media docena de agentes del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que han trabajado seis años como interinos.
Argumentan que varias sentencias —tanto del Tribunal Supremo (TS) como de la justicia europea— recogen que si un trabajador público ha ejercido bajo “abuso de temporalidad” deben pasar a ser fijos en caso de que hayan pasado por un proceso de oposición. Justo lo que ocurre con los 12 bomberos interinos que llevan años reclamando tener una plaza.
"Niños pequeños y embarazos"
“Detrás de ellos hay familias con niños pequeños, embarazos, padres dependientes, hipotecas o coches que pagar, esto va a afectar a muchísima gente”, lamenta García en una entrevista concedida a Atlántico Hoy. Su objetivo es dejar claro que los agentes han intentado “con buena voluntad” que se solucionara y “poniendo todo de su parte”.
“Nos preguntamos”, subraya, “por qué se da una circunstancia tan injusta cuando Europa y el Tribunal Supremo ya han dicho que esto no puede estar pasando”. Denuncia también que, por parte del Cabildo Insular, ha sido “un ejercicio incomprensible de injusticia y tremendamente cruel con personas que siguen haciendo su trabajo, callados y cumpliendo con todo”.

Junta extraordinaria
La finalidad de García es, en esencia, transmitir la parte humana de un conflicto que está enquistado. Todas las esperanzas están puestas en este jueves, cuando tendrá lugar una junta extraordinaria en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria donde —previsiblemente— se abordará la posibilidad de paralizar el examen del próximo domingo 24 de mayo.
Los bomberos interinos reclaman ir por concurso de méritos y no volver a pasar por un examen que hicieron hace más de una década y tras el que acabaron trabajando seis años como interinos —además de atravesar conflictos por el proceso de estabilización de 2024 que acabaron en los tribunales—. Les cuesta mucho entender por qué no son flexibles con ellos.
"Toda la familia sufre"
“Cuando una familia tiene un opositor en casa, toda la familia sufre y se implica. Pero nunca hablamos de procesos de nueve o diez años. “Mientras avanzaban en la oposición tenían que trabajar, pagar academias, preparadores físicos, psicólogos, transporte, material. Todo sin saber cuándo acabaría”, pone sobre la mesa García visiblemente emocionada.
“Las casas son un desastre ahora mismo. Hay desgaste emocional, estrés, noches sin dormir. Han perdido entre ocho y diez kilos de media. Estamos hablando del sustento de los hogares”, cuenta también. Relata que las familias de los 12 bomberos se han unido para transmitir que “esto le puede pasar a cualquiera”, no solo al gremio de su marido.
"Que nos pongan cara"
“Quiero que sepan quiénes somos. Que nos pongan cara. Que piensen durante unos segundos qué harían ellos si, con más de 50 años, después de toda una vida dedicada a la misma profesión, de repente se quedaran sin nada. Solo pedimos que hagan las cosas bien”, reflexiona García. Porque ahí existe un problema añadido: la edad media de los opositores.
Todos están en torno a los 48 años y temen tener que empezar de cero después de toda una vida dedicada al servicio público en el cuerpo de emergencias. “Yo tengo la sensación de que hay una inquina especial contra la figura del bombero desde hace mucho tiempo y siento que estos 12 bomberos se han convertido en la diana fácil”, expresa de manera tajante.
"Se puede parar el proceso"
Destaca que la solución es muy sencilla: “Si hay voluntad política, se puede parar el proceso”. Sostiene que se considera una persona optimista y que cree en la capacidad de la gente para escuchar y reconocer errores. “Espero que alguien nos escuche”, exclama.
“Me gustaría que fueran capaces de decir: ‘Nos hemos equivocado’. Para mí eso sería mucho más confiable. No se trata de salvarse el cuello, se trata de hacer justicia”, asevera. “Quiero pensar que alguien tendrá sensibilidad para entender que estamos hablando de familias enteras, de personas que llevan toda una vida dedicada a esta profesión”, apostilla.
“Me da muchísima pena. Nos necesitan para los votos, pero luego no están. No quiero pensar que nos hemos equivocado al elegir a nuestros representantes, pero cuesta no sentirlo así cuando ves que no quieren escuchar”, concluye.