Como un matrimonio al borde del divorcio. Así es ahora mismo la relación entre el Cabildo de Gran Canaria y Grupo Etra, la empresa que llegó para modernizar el servicio de Global con un contrato de 24,5 millones de euros. Un acuerdo que está cerca de dinamitar porque ambas partes ven el problema desde puntos distintos. Dos polos opuestos que no se atraen.
La compañía —de origen valenciano— salió esta semana en defensa propia después de varios meses acumulando atrasos, sanciones y apercibimientos. Una crisis desembocó incluso en amenazas de los chóferes con ir a la huelga y momentos de tensión en los plenos entre el gobierno insular y la oposición. Algo que —según parece— está cerca de llegar a su fin.
La salida
Grupo Etra ha pedido marcharse a través de una Salida Ordenada de dos meses después de agotar —dicen— las vías de diálogo con la Administración. Unas palabras que han dejado estupefacta e indignada a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC). Su gerente, Ruymán Santana, es tajante: “Lo que no vamos a tolerar es la falta de voluntad”.
“No están en condiciones de exigir”, asegura en declaraciones concedidas a Atlántico Hoy. “Partimos de la base de que la empresa es la incumplidora”, afirma también. El contrato, firmado en enero de 2024, detallaba que el suministro, la implantación y la puesta en marcha del sistema debía ejecutarse en seis meses. 33 meses después sigue sin terminarse del todo.
Plazos agotados
Desde entonces, el Cabildo ha concedido ampliaciones de plazo porque —defiende Santana— veían algunos avances y estaban convencidos de que Grupo Etra iba a cumplir. En definitiva, es como el matrimonio que atraviesa un mal momento, no se separa en la primera falta de entendimiento. Pero el tiempo ha pasado y no ha habido manera de pactar nada.
“Les hemos dado oportunidades para que pudieran cumplir y superar las dificultades técnicas que se encontraban. Además, entendemos que era lo más conveniente para alcanzar los objetivos de contratación que nosotros nos hemos puesto”, asevera el gerente de la AUTGC.
Dos versiones
No es lo que opina Grupo Etra. La compañía jura que ha desembolsado más de 10 millones de euros y critica que está pendiente de ingresar alrededor de 2,85 millones por prestaciones —sostiene— ejecutadas y acreditadas. Además, carga contra la AUTGC asegurando que no lo ha puesto fácil para acceder a los vehículos de las operadoras de transporte público.
Ruymán Santana tiene una versión distinta: “Ese importe al que hacen referencia está previsto para el cumplimiento de un hito. Si tú tienes que haber instalado un número determinado de guaguas y disponer de unos servicios centrales para que eso funcione bien y no lo has hecho, no cobras”. “No sé si están acostumbrados a que se la vista gorda”, añade.
Fallos detectados
“Lo que sí puedo asegurar”, prosigue, “es que aquí, si no das cumplimiento a tus obligaciones, no te tratamos como si lo hicieras”. Los problemas constatados por el Cabildo han sido varios: deslocalización de vehículos e inconvenientes a la hora de validar el bono residente o realizar un pago con tarjeta. “Eso no se puede consentir”, dice Santana.
“Una cosa es que tú, ante una insuficiencia técnica, ante una discusión, intentes continuar, solventar y arreglar las cosas porque entiendes que el bien superior es que se cumpla el contrato. Y otra muy distinta es que muestren una voluntad inequívoca o manifiesten no tener interés en cumplir el contrato. Por ahí sí que no pasamos”, prosigue.
Entorno complejo
Una pregunta clave llegados a este punto es: si Grupo Etra ha incumplido como recogen expedientes del Cabildo, ¿por qué ha pasado? La clave quizás esté en el tipo de servicio. Santana sostiene que Global lleva a cabo operaciones interurbanas, pero también entra en diseminados. Como una especie de ciudad-isla y puede que ahí esté el quid de la cuestión.
“Nosotros creíamos que ese había sido uno de los principales problemas. Ellos están acostumbrados a entornos urbanos, a sistemas que funcionan igual que las guaguas en la ciudad”, reflexiona el gerente de la AUTGC. “Con Global haces la línea que va de Gáldar a Las Palmas y después cubres la de capital a Telde”, pone sobre la mesa.
Sin experiencia previa
“Eso ellos no lo han calibrado. Han venido aquí, se han presentado a un concurso, han asumido unos plazos y unas exigencias sin tener conocimiento de cómo operaban las empresas, es un entorno con el que ellos no están familiarizados”, exclama Santana.
En cualquier caso, el gerente de la AUTGC sostiene que la empresa, después de 30 meses sin cumplir en plazo lo que había prometido, no está en condiciones de exigir y a decir que se quiere ir. “No, te irás si nosotros lo consideramos oportuno, porque te echamos”, resalta.
Ultimátum
“Las condiciones, si las hay, las fijaremos nosotros y en función de lo que interese al interés público y a la ciudadanía, no a lo que le venga bien a ellos. Yo no sé si están acostumbrados a que les paguen lo que no hacen. Tenemos claro que nosotros no entramos en ese juego. Las opciones son: o cumplen o asumen las consecuencias previstas en la ley”, comenta Santana.
Ahora el Cabildo grancanario le ha dado a Grupo Etra una prórroga de cuatro meses como ultimátum para que cumpla con su deber. De lo contrario, el contrato se resolverá en ese tiempo. “O en menos”, resalta el gerente de la AUTGC. La medida que tomará la administración cuando todo finalice será imponer el total de la sanción acumulada.
La empresa, en cambio, no comparte la decisión de ampliar el plazo y denuncia que el Cabildo torpedea sus labores a la hora de cumplir con el acuerdo.
Últimos meses
Santana destaca que han sido comprensivos con que se hayan podido encontrar —por ejemplo— con dificultades técnicas como no encontrar gente cualificada técnicamente porque había “un bien superior” para la ciudadanía.
El acuerdo entre el Cabildo de Gran Canaria y Grupo Etra encara así sus últimos meses. La Administración ya ha puesto fecha al ultimátum y la empresa ha pedido marcharse.
Lo previsible es que llegue el divorcio definitivo: la resolución del acuerdo de 24,5 millones de euros, con las sanciones correspondientes y la necesidad de buscar una salida para un sistema que, 33 meses después de su adjudicación, todavía no ha terminado de echar a andar.
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