El Cabildo de Gran Canaria ha lanzado una consulta pública previa a la redacción de un proyecto para regular los trámites electrónicos. Han pasado varios años desde que los ciudadanos pueden relacionarse con las instituciones a través de la web y la Corporación Insular reconoce que “no dispone de una ordenanza que reglamente las cuestiones relacionadas con la administración digital”. “Por lo que resulta necesario proceder a su tramitación”, apostilla.
Desde este lunes hasta el próximo 14 de agosto, las personas que lo deseen podrán participar en un debate abierto para dar su opinión. El Cabildo considera fundamental disponer esta normativa “por la necesidad de contar con un único texto normativo que integre la regulación que en materia de administración electrónica”.
Un problema a arreglar
El problema que se pretende solucionar con la iniciativa es adaptar la “escasa y fragmentada” normativa insular en materia de administración electrónica y digital a las nuevas demandas de la ciudadanía y de los demás grupos de interés.
Hace tiempo que la regulación de la administración digital está sobre la mesa en España. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas que puedan acreditar que tienen acceso y disponibilidad de los medios necesarios.
Los objetivos
Uno de los principales objetivos es hacer efectivo una Administración totalmente electrónica e interconectada que incremente la transparencia de la actuación administrativa y la participación de las personas. También se pretende incrementar la transparencia de la actuación administrativa y la participación de las personas.
Otras finalidades es que garantice servicios digitales fácilmente utilizables “de modo que se pueda conseguir que la relación de las personas interesadas con la Administración sea fácil, intuitiva y efectiva” y que mejore la seguridad jurídica.
El documento, firmado el pasado 26 de julio, ha sido elaborado por Alejandro Parres, coordinador insular del área de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa; y Teodoro Sosa, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible.