El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reaccionado con dureza ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declara nulo de pleno derecho el Plan Insular de Ordenación (PIO). El mandatario insular ha calificado el fallo judicial como una decisión injusta, errónea, desproporcionada y superficial, asegurando que la resolución representa un ataque directo al desarrollo social y económico de la isla y un atentado contra la potestad de planificación de los cabildos.

La institución insular ha anunciado que defenderá el instrumento urbanístico en todas las instancias posibles. Morales adelantó que el equipo jurídico del Cabildo acudirá al Tribunal Supremo y al propio TSJC mediante recursos de casación, sin descartar elevar el conflicto al Tribunal Constitucional. Además, la corporación insular estudiará la viabilidad de recurrir a la Justicia europea para revertir una situación que el presidente considera basada en premisas falsas.

Derogación de la Ley de Directrices

El núcleo del conflicto jurídico reside en la vigencia de la normativa aplicada. Mientras que el TSJC sostiene que el PIO es nulo por adaptarse a una ley ya derogada por la Ley del Suelo de 2017, Morales afirma que es absolutamente incierto que la Ley de Directrices carezca de vigor. Según el presidente, se mantiene la vigencia de treinta directrices turísticas y dos de suelo rústico, además de diversas leyes ambientales y sectoriales que sustentan el contenido del plan.

El Cabildo sostiene que el procedimiento respetó el derecho de opción establecido por la Administración Autonómica, el cual permite continuar la tramitación con arreglo a la legislación anterior. Morales enfatizó que no existe vulneración normativa alguna y que el PIO no contradice la ley actual, por lo que considera increíble que se pretenda anular un documento estratégico para el futuro de Gran Canaria sin un debate jurídico más profundo sobre su contenido real.