El Gobierno de Canarias ha dado luz verde a la ejecución de una nueva planta fotovoltaica en el sur de Gran Canaria, pese a los informes del Cabildo que advertían de su incompatibilidad con el planeamiento insular vigente.
La decisión afecta al proyecto Lomo Gordo 4, promovido por la empresa Tinojai Renovables, S.L.U. en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y contempla una inversión aproximada de 1,49 millones de euros.
El Decreto 155/2026, aprobado por el Ejecutivo autonómico el 19 de octubre y publicado este martes 27 en el Boletín Oficial de Canarias, acuerda la ejecución de la instalación y ordena adaptar el planeamiento territorial y urbanístico afectado.
El proyecto contempla la colocación de 4.266 paneles solares, con una potencia nominal de dos megavatios.
Más de 4.000 paneles
La instalación se ubicará en una finca de la zona de Lomo Gordo, en el entorno de montaña La Data, dentro de una parcela de 164.015 metros cuadrados.
El campo fotovoltaico proyectado estará formado por 4.266 módulos de 565 vatios pico cada uno, ocho inversores de 250 kilovatios y un centro de transformación.
La potencia pico total prevista asciende a 2.410 kilovatios, mientras que la potencia nominal será de 2.000 kilovatios.
La energía producida se incorporará a la red eléctrica mediante una línea subterránea de media tensión de 1.907 metros de longitud, conectada al sistema de distribución asociado a la subestación de El Tablero.
Según las previsiones recogidas en el expediente, la instalación podría aportar 5.616 megavatios hora anuales de electricidad renovable al sistema eléctrico de Gran Canaria.
El Gobierno estima también que esa producción permitiría evitar el consumo equivalente de 1.617 toneladas de petróleo al año y reducir las emisiones asociadas a la generación convencional.
Estas magnitudes son previsiones del proyecto, no resultados de producción ya obtenidos.
Desacuerdo urbanístico
El aspecto más relevante de la resolución se encuentra en su tramitación territorial. El Cabildo de Gran Canaria emitió informes los días 23 y 30 de septiembre de 2026 en los que consideró que el proyecto resultaba disconforme con distintos instrumentos de planificación insular.
Entre ellos figuran el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria y el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular.
La Dirección General de Ordenación del Territorio también señaló que la actuación carecía de la ordenación pormenorizada necesaria para habilitar su ejecución en los términos ordinarios.
La documentación recoge, por tanto, un desacuerdo entre la implantación propuesta y las determinaciones del planeamiento territorial.
Sin embargo, el Gobierno autonómico ha utilizado el procedimiento excepcional previsto en el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico Canario para acordar la ejecución del parque.
Este mecanismo permite impulsar determinadas instalaciones eléctricas declaradas de interés general y ordenar la adaptación del planeamiento cuando concurren los requisitos legales.
Interés general
El Ejecutivo justifica su decisión en la necesidad de acelerar la implantación de energías renovables en los sistemas eléctricos insulares.
La condición aislada de las redes canarias, su dependencia histórica de los combustibles fósiles y el mayor coste de generación convencional forman parte de los argumentos utilizados en la resolución.
El documento también destaca que el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas puede contribuir a reducir los costes del sistema eléctrico y avanzar en los objetivos de descarbonización.
El proyecto había recibido una declaración de interés general en junio de 2026 y contaba con antecedentes administrativos desde 2023.
En marzo de 2025, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental certificó que la instalación no estaba obligada a obtener una declaración de impacto ambiental, al no superar los umbrales legales aplicables.
Esta exención no equivale a afirmar que el proyecto carezca de efectos ambientales, sino que no queda sometido a ese procedimiento concreto.
Próximos pasos
Con el decreto publicado este martes, el Gobierno acuerda la ejecución del parque y ordena que el planeamiento afectado se adapte a la decisión adoptada.
La actuación se acoge a un régimen excepcional de autorización distinto del procedimiento urbanístico ordinario, por lo que no requiere una licencia municipal convencional en los términos previstos para otros proyectos.
No obstante, la publicación del decreto no significa que los paneles estén instalados ni que la planta haya comenzado a producir electricidad.
Lomo Gordo 4 se incorpora así a los proyectos de generación renovable que buscan ampliar la capacidad fotovoltaica de Gran Canaria, aunque su desarrollo también pone de manifiesto las tensiones entre los objetivos de transición energética y la planificación del territorio insular.
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