Coalición Canaria (CC) ha exigido responsabilidades políticas al gobierno de Las Palmas de Gran Canaria por la tramitación de la ordenanza de la tasa de basura y ha reclamado la dimisión de los responsables de un procedimiento que, según sostiene la formación en un comunicado, ha terminado con la anulación de la norma por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El portavoz de CC en el ayuntamiento, David Suárez, considera que la devolución de las cantidades cobradas a los vecinos tras la anulación judicial de la ordenanza "no es suficiente" y reclama que se depuren "responsabilidades dentro del Ejecutivo local".
Suárez insiste en que "no basta con devolver el dinero" porque cuando un gobierno "cobra a miles de vecinos con una ordenanza que termina anulada por los tribunales, alguien tiene que asumir responsabilidades políticas".
Fracaso
El portavoz nacionalista califica lo ocurrido como "uno de los mayores fracasos de gestión de este mandato" y sostiene que la ordenanza fiscal fue aprobada "sin las suficientes garantías jurídicas y técnicas" lo que a su juicio ha generado "un perjuicio para los ciudadanos y una situación de inseguridad jurídica".
Suárez considera "inadmisible" que después de la anulación de la ordenanza "ningún responsable político haya asumido las consecuencias". Para él en "cualquier administración seria, cuando una decisión de esta trascendencia acaba siendo anulada por los tribunales y obliga a devolver millones de euros, hay responsables políticos que dan explicaciones y si es necesario presentan su dimisión", señaló.
Ordenanza
Coalición Canaria reconoce que la implantación de la tasa "estaba vinculada a una obligación derivada de la legislación estatal" aunque sostiene que "esta circunstancia no justificaba la forma en la que se llevó a cabo su tramitación".
Para el portavoz el problema "no era crear la tasa, sino hacerla mal" y acusó al gobierno encabezado por Carolina Darias de "actuar con prisas, improvisación y falta de rigor técnico". La formación nacionalista insiste además en que la devolución de las cantidades cobradas "no constituye una decisión voluntaria del ayuntamiento, sino una obligación derivada de la anulación judicial de la ordenanza".
Explicaciones
CC también reclama la "comparecencia urgente del grupo de gobierno para explicar las decisiones técnicas y políticas que desembocaron en la anulación de la ordenanza". La formación pide conocer "cuál será el coste total que tendrá la devolución de las cantidades cobradas para las arcas municipales y qué responsabilidades se exigirán dentro del Ejecutivo local".
Suárez sostiene que lo ocurrido "ha deteriorado la imagen del ayuntamiento y la confianza de los ciudadanos en las instituciones". Por ello reclama que el gobierno municipal "depure responsabilidades políticas» y defiende que un error de esta magnitud no puede terminar sin que nadie responda por él".
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