La Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria ha encendido las alarmas ante el nuevo proyecto de la Ley Canaria de Montes. La organización, que aglutina a 26 entidades del sector primario y vecinal, ha iniciado un proceso de consultas para presentar alegaciones en bloque al considerar que la normativa supone una amenaza directa para la economía rural.

Según los representantes del colectivo, el texto legal introduce límites al uso de la propiedad que resultan injustificados y podrían derivar en decisiones arbitrarias sobre el territorio de las medianías y cumbres.

El principal punto de fricción radica en la posibilidad de que terrenos agrícolas que hayan permanecido 20 años sin cultivarse sean reclasificados como suelo forestal de forma automática. Desde la Unión de Asociaciones advierten que esta medida dificultará la recuperación de miles de hectáreas necesarias para la producción local.

El presidente de la entidad, Cristóbal Sánchez, sostiene que este marco regulatorio podría utilizarse para favorecer la importación de productos exteriores en detrimento de la agricultura y ganadería canaria, que actualmente solo cubre la demanda de uno de cada diez habitantes de las islas.

Críticas a la gestión de los plazos

La organización ha mostrado su rechazo frontal a las formas en las que se ha tramitado el proceso administrativo. Denuncian que la apertura del plazo de alegaciones el pasado 26 de diciembre, coincidiendo con el periodo navideño, obstaculiza la participación real de la sociedad civil.

Ante esta situación, han exigido una prórroga inmediata del periodo de exposición pública, amparándose en el Convenio de Aarhus, para garantizar que los afectados directos por la norma puedan presentar sus objeciones con todas las garantías legales.

Un marco sancionador "desproporcionado"

Otro de los aspectos que preocupa al sector es la dureza del nuevo régimen sancionador, al que tildan de "despiadado". Los colectivos locales defienden que la normativa actual ignora los servicios ecosistémicos que presta la actividad humana tradicional, como el pastoreo o la recolección de pinocha, actividades que históricamente han contribuido a la prevención de incendios y al mantenimiento de los bosques.

Según Sánchez, se está imponiendo una visión alejada de la realidad del campo que no tiene en cuenta que los pinares mejor conservados de la isla son precisamente los que han contado con gestión vecinal.

La Unión de Asociaciones subraya que los montes de áreas como Tamadaba, Inagua o Pilancones han pervivido gracias al cuidado de los habitantes de municipios como Artenara, Tejeda, La Aldea o Tunte. Por ello, el colectivo empresarial y social de la cumbre insiste en que la ley debe ser reformulada para no castigar a quienes mantienen vivo el entorno rural de Gran Canaria, evitando que la burocracia y las restricciones acaben por desertificar económicamente el interior de la isla.