La gestión de las infraestructuras hidráulicas en el sur de Gran Canaria durante la borrasca Therese ha llegado a la Fiscalía. Una denuncia presentada ante el Ministerio Público de Medio Ambiente señala posibles responsabilidades penales en las inundaciones registradas en el barranco de Arguineguín entre el 18 y el 24 de marzo de 2026, un episodio que dejó carreteras anegadas, rescates de emergencia y a miles de personas incomunicadas.
El escrito, registrado por representantes de la Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria y Barranco de Arguineguín, apunta directamente a la operativa de la presa de Soria en pleno temporal.
Según sostienen los denunciantes, la apertura del desagüe de la presa durante las lluvias intensas habría impedido retener el agua, provocando un incremento súbito del caudal que descendió por el barranco.
3.000 personas
Ese aumento del flujo, siempre según la denuncia, tuvo consecuencias inmediatas. El agua invadió carreteras y núcleos cercanos, aislando a un número estimado de 3.000 personas, algunas de las cuales tuvieron que ser rescatadas por efectivos de emergencia.
Las imágenes aportadas por los denunciantes muestran vías completamente cubiertas por el agua, vehículos arrastrados y zonas rurales anegadas, en un escenario que evidenciaría la magnitud del episodio.
Valor ambiental
Pero el alcance no se limitaría al impacto sobre la población. La denuncia también describe afecciones en espacios de alto valor ambiental, en concreto en la Zona Especial de Conservación (ZEC) de la franja marina de Mogán.
Según se recoge en el documento, imágenes satelitales habrían detectado la llegada de lodos al mar, lo que apuntaría a un posible daño en ecosistemas protegidos.
Falló el sistema de alerta temprana
Uno de los aspectos más sensibles del escrito se centra en la prevención. Los denunciantes aseguran que no se activaron sistemas de alerta temprana ni se informó adecuadamente a la población, a pesar de las obligaciones contempladas en la normativa y en los planes de emergencia de presas.
En este sentido, sostienen que no constan dispositivos operativos como sensores o sistemas de aviso acústico, herramientas clave para anticipar situaciones de riesgo en episodios de crecida.
Túneles de la obra
Además, la denuncia incorpora referencias a incidencias en el propio sistema hidráulico vinculado al proyecto Chira-Soria, incluyendo inundaciones en túneles, vertidos y arrastre de materiales.
Parte de esos sedimentos, siempre según los denunciantes, habrían terminado en el dominio público hidráulico y en el entorno marino protegido, ampliando el alcance del posible daño ambiental.
Responsabilidades
En el documento se identifican como posibles responsables a distintas entidades vinculadas a la planificación, ejecución y supervisión del proyecto, entre ellas Red Eléctrica de España, la UTE constructora, la dirección facultativa, el Cabildo de Gran Canaria, el Consejo Insular de Aguas y la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.
Desde el punto de vista jurídico, la denuncia plantea que los hechos podrían encajar en delitos de riesgo catastrófico por imprudencia grave, contra el medio ambiente, prevaricación administrativa por omisión e incluso omisión del deber de socorro, en función de la eventual acreditación de los hechos.
¿Gestión negligente?
La plataforma solicita a la Fiscalía la apertura de diligencias para esclarecer lo ocurrido durante aquellos días de marzo y determinar si existió una gestión negligente de las infraestructuras hidráulicas en un contexto de lluvias intensas que ya había sido advertido por la situación meteorológica.
El documento incorpora material gráfico, vídeos, testimonios vecinales y referencias documentales que buscan sustentar el relato de los hechos.
La denuncia se encuentra pendiente de admisión a trámite, a la espera de que el Ministerio Público determine los siguientes pasos en la investigación de unos hechos que han reabierto el debate sobre la seguridad, la planificación y el impacto ambiental del sistema Chira-Soria en Gran Canaria.