Un juzgado ha ejecutado este martes el desalojo forzoso del asentamiento situado en la conocida como 'finca de Mr. Leacock', en el barrio de El Becerril, dentro del municipio grancanario de Santa María de Guía. La operación judicial y policial ha afectado a un grupo de entre 50 y 100 personas que residían en el interior de una antigua fábrica azucarera y en las infraviviendas construidas en los alrededores, entre las que se encuentran varias familias con menores de edad.
El desalojo se ha llevado a cabo a petición del propietario de los terrenos, la empresa platanera Grupo Félix Santiago Melián. Los residentes, que ocupaban la propiedad desde hacía años, esperaban un aplazamiento judicial para encontrar una alternativa habitacional, pero la orden de lanzamiento se ha mantenido para el mediodía de este martes.
Dispositivo policial
El operativo ha comenzado alrededor de las 12:00 horas bajo un estricto cordón perimetral que ha impedido el paso de vehículos y peatones en las inmediaciones de la zona. Para garantizar el cumplimiento de la orden y apoyar a la comitiva judicial, se ha desplegado un dispositivo de seguridad integrado por 53 agentes de la Guardia Civil, incluyendo efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (UCESI), y una decena de agentes de la Policía Local de Santa María de Guía.
Asimismo, al lugar se han desplazado dotaciones de bomberos y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) en modo preventivo para asistir en cualquier incidencia durante el desalojo de los ocupantes.
Cortes de luz y derribos
Durante la intervención, los operarios de las compañías de suministros han procedido a cortar la conexión eléctrica ilegal que abastecía al asentamiento. Una vez que las instalaciones y las estructuras provisionales han sido desalojadas por las fuerzas de seguridad, varias excavadoras han comenzado las labores de demolición de las edificaciones situadas junto a la vía principal para evitar una nueva ocupación en el terreno.
La ejecución ha coincidido con el periodo de vacaciones escolares, lo que ha motivado la presencia de los menores en el lugar durante el despliegue, en medio de la incertidumbre de los afectados ante la falta de alternativas habitacionales viables por parte de las instituciones públicas antes de que se consumara el lanzamiento.