El yate de 15 metros de eslora que chocó contra el espigón del muelle de Arguineguín el domingo 8 de noviembre durante el temporal de la borrasca Bruna y terminó varado en la playa de Las Marañuelas es el My Way, propiedad del ciudadano italiano Andrea Lopiano, vinculado por la Fiscalía de su país a una trama de la Camorra.
La embarcación había recalado en el sur de Gran Canaria, en el municipio de Mogán, después de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) solicitara autorización judicial para desalojarla a la fuerza del Muelle Deportivo capitalino, donde su dueño llevaba viviendo desde el año pasado y se negaba a dejar el pantalán.
Cerrada al baño
Diez días después del siniestro, la embarcación continúa encallada en una bajeta del arenal y la playa permanece cerrada al baño con bandera negra. Puertos Canarios ha subcontratado a una empresa especializada, cuyos operarios inspeccionaron el casco este lunes para analizar el estado de la nave y estudiar la maquinaria más adecuada para reflotarla.
De momento, el barco permanece sujeto con un cable de acero al espigón de la playa para evitar que se desplace, explican fuentes municipales, sin que exista fecha de retirada porque la compañía está presupuestando el coste de la operación. La factura será remitida posteriormente al propietario para que se haga cargo de los gastos.
Temor a que el casco se parta
La situación de la nave ha generado alarma en el Ayuntamiento de Mogán. La alcaldesa, Onalia Bueno, ha advertido de que tras examinar el yate se ha comprobado que "está partido" y encallado en una bajeta, por lo que teme que al intentar moverlo acabe rompiéndose del todo y esparza por el mar los enseres que conserva en su interior.
Además, Bueno ha recordado que en la arena continúa varado otro velero de menores dimensiones que arribó el pasado miércoles —sobre el cual Puertos Canarios sostiene que no tiene competencia— y ha exigido al ente autonómico que retire también otros barcos hundidos en temporales anteriores en el fondo marino de Mogán.
Avisos desoídos
El concejal de Playas, Willy García, también ha trasladado el "enfado e indignación" de vecinos, turistas y hosteleros de la zona por el cierre de Las Marañuelas en plena temporada alta, una situación que atribuye a que Puertos Canarios desoyó los avisos previos del consistorio para introducir en el puerto los barcos fondeados en el exterior antes de la llegada del temporal.
La reapertura del arenal queda supeditada a los resultados de las analíticas de hidrocarburos tomadas el pasado jueves por la Concejalía de Servicios Públicos de Mogán, que tardarán en conocerse entre siete y diez días. Previamente, inspectoras de Salud Pública del Gobierno de Canarias visitaron la zona y un primer análisis autonómico de la calidad del agua descartó la presencia de contaminación.
Meses atrincherado en Las Palmas
Antes de terminar varado en el litoral moganero, el My Way protagonizó un largo conflicto administrativo y judicial en la Dársena de Embarcaciones Menores (DEM) del Puerto de Las Palmas.
Natural de Bernalda (sur de Italia), donde se le conoce con el sobrenombre del jeque, Lopiano —de 62 años y que en LinkedIn se promocionaba como CEO de una empresa de comercio internacional de petróleo y cereales— residía en Tenerife en abril de 2021, cuando las delegaciones Antimafia de la región de Puglia emitieron órdenes de arresto provisional en su contra. Posteriormente se trasladó a Gran Canaria para instalarse en el Muelle Deportivo capitalino.
Según publicó Atlántico Hoy en sendos reportajes publicados en octubre de 2025 y mayo de 2026, Lopiano contaba únicamente con un amarre de tránsito en el pantalán T —junto a la playa de Las Alcaravaneras—, pero se negó de forma reiterada a abandonar la marina alegando que el barco era su única vivienda.
Bloqueo a las obras de mejora
Su resistencia comenzó en octubre de 2025, cuando rechazó dejar libre su plaza para los veleros de la regata ARC, y se prolongó en 2026 tras sumarse a la plataforma de afectados de los llamados barcos vivienda.
Junto a otras dos embarcaciones (Clementina y Victoria B), el My Way llegó a paralizar las obras adjudicadas por la Autoridad Portuaria para reemplazar los deteriorados pantalanes S y T. Mientras otras 17 embarcaciones acataron el requerimiento y dejaron libre la zona de obra, Lopiano y los otros dos armadores exigieron un amarre provisional alternativo, petición que el organismo presidido por Beatriz Calzada denegó al contar los tres barcos con resoluciones firmes de expulsión dentro de la treintena de expedientes de desahucio abiertos desde 2024.
Tras haber logrado frenar un primer intento de remolque mediante recursos judiciales, la Autoridad Portuaria cursó ante los tribunales la solicitud de autorización judicial para la entrada y retirada forzosa de las embarcaciones rebeldes. Tras abandonar la marina capitalina, el My Way puso rumbo al sur de la isla y fondeó frente a Arguineguín.
El 'caso del oro negro'
El historial judicial de Andrea Lopiano en Italia gira sobre el tráfico ilícito de hidrocarburos. De acuerdo con las diligencias de la Fiscalía, está imputado por un delito de receptación en el marco del denominado caso del oro negro, una macrocausa con unos 60 implicados en dos tramas que operaban entre Caserta y Apulia.
La investigación vincula a Lopiano con el grupo criminal tarantino de Michele Cicala —ya condenado a tres años de prisión en una primera sentencia—, que obtenía gasóleo agrícola bonificado fiscalmente mediante facturas falsas para desviarlo a gasolineras convencionales (surtidores blancos) de Campania, donde era comercializado por el histórico clan camorrista de Los Casalesi y blanqueado en cafeterías, restaurantes y discotecas.
En las escuchas policiales se identifica al propietario del My Way como el facendiere (gestor) que ideó el sistema de facturación electrónica para dar cobertura al fraude, percibiendo a cambio dinero en efectivo y un porcentaje de las ventas en negro.
Mogán rechaza asumir los costes
En el ámbito municipal, tanto la alcaldesa Onalia Bueno como el concejal Willy García han reiterado que el Ayuntamiento de Mogán no asumirá ningún coste ni actuación de reflotamiento al tratarse de una competencia de Puertos Canarios, organismo que días antes del temporal respondió al consistorio que no tenía identificados los barcos fondeados fuera del recinto portuario.
Asimismo, el consistorio reclama la creación urgente de una mesa de coordinación entre Puertos Canarios, la Dirección General de Costas y Capitanía Marítima de Las Palmas para censar a los propietarios de las embarcaciones fondeadas en el litoral de Arguineguín y obligarlas a retirarse cada vez que se activen alertas por fenómenos costeros.
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