La plataforma Derecho al Techo ha denunciado que una familia de Ingenio (Gran Canaria) con seis hijos, de entre 3 y 14 años, será desahuciada el próximo jueves, después de que el juzgado haya reactivado el procedimiento paralizado en septiembre al no reconocer su situación de vulnerabilidad.
La abogada de la plataforma, Isabel Saavedra, explica que el juez no considera vulnerable a la familia porque el padre trabaja y percibe un salario mínimo, algo que la letrada cuestiona: “En Canarias, con los precios por las nubes, un salario mínimo no alcanza para pagar un alquiler de 800 o 1.000 euros y alimentar a seis hijos”.
El padre, Moisés Macías, trabaja como reponedor tras renunciar a una incapacidad absoluta para poder incorporarse al mercado laboral, reduciendo su prestación a una incapacidad total. “El juez viene a decir que si el umbral de vulnerabilidad está en 1.600 euros y ganas 1.700, ya no lo eres, pero no es lo mismo mantenerse una persona que ocho”, critica Saavedra.
Un proceso reactivado
La familia ya iba a ser desalojada el 9 de septiembre, pero el lanzamiento se suspendió a la espera de un recurso en el que se pedía el reconocimiento de su vulnerabilidad. Ahora, el juzgado ha desestimado ese recurso y ha fijado una nueva fecha para el desahucio, prevista para este jueves.
Según explicó el padre, la vivienda fue comprada en 2006 y pagaron la hipoteca durante 14 años, hasta que la familia perdió ingresos antes de la pandemia. El fondo que compró su deuda les reclama ahora el 86 % del precio original de la casa, sin descontar las cuotas abonadas durante más de una década.
Críticas a las administraciones
La abogada ha presentado un nuevo recurso de urgencia con la esperanza de que el desahucio vuelva a suspenderse, y denuncia la inacción del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Ingenio, que no han ofrecido una alternativa habitacional.
“El concejal de Vivienda nos dijo ayer que no tenía ninguna vivienda disponible para ellos”, lamenta Saavedra, quien añade que el Ejecutivo regional tampoco ha confirmado su personación en el juzgado, pese a anunciar que lo haría.
La letrada recuerda que existe un convenio entre la Fecam, el Gobierno de Canarias y el CGPJ que prevé la suspensión de lanzamientos cuando hay familias vulnerables, algo que “aquí no se ha cumplido”. Además, asegura que “el juzgado ni siquiera ha solicitado el informe de vulnerabilidad que establece la ley”.
Saavedra advierte de que si el desahucio se ejecuta, los seis menores podrían ser trasladados a un centro de acogida: “Estamos ante un problema social, no solo de vivienda. Las administraciones deben actuar para evitar que una familia trabajadora acabe en la calle”.