La plataforma Vivienda por Derecho, que integra a familias de viviendas de Lomos de Los Frailes, Jinámar y Valsequillo (Gran Canaria), ha denunciado que el Gobierno de Canarias incumple los compromisos adquiridos hace más de 30 años para facilitarles el acceso a la propiedad de sus casas, actualmente en régimen de alquiler.
La plataforma ha convocado una movilización para el miércoles 2 de septiembre, de 11:00 a 13:00 horas, en Edificios Múltiples II, en Las Palmas de Gran Canaria.
"No estamos pidiendo que nos regalen nada"
Joan Dylan Santana Sosa, miembro de Vivienda por Derecho, ha explicado que la reivindicación no busca ningún privilegio, sino el cumplimiento de un derecho reconocido en su día por la propia Administración:
"No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos reclamando nuestro derecho a acceder a la propiedad, tal y como se nos planteó en su momento", ha señalado.
Un compromiso que se remonta a 1999
Según la documentación aportada por la plataforma, ya en 1999 el entonces director general de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez, trasladó por carta el compromiso del Gobierno de Canarias de facilitar la compra de más de 7.000 viviendas de Protección Oficial, entre las que se encontraban las de estas familias.
En 2003 se formalizó un anexo, firmado también por el director general de Vivienda, que —según la plataforma— corrobora esa opción de compra. La reivindicación se apoya además en el Decreto 114/1999, de 25 de mayo, y en el Decreto 1/2023, de 19 de enero.
Precedentes de familias que sí accedieron a la propiedad
Vivienda por Derecho sostiene que existen viviendas en circunstancias similares que ya han sido concedidas en propiedad, según publicaciones del Boletín Oficial de Canarias:
- BOC nº 127, de 30 de junio de 2023
- BOC nº 239, de 5 de diciembre de 2023
- BOC nº 50, de 12 de marzo de 2025
Para la plataforma, estos antecedentes obligan a la Administración a explicar qué criterios ha aplicado para no extender el mismo tratamiento a estas familias.
La derogación del decreto
La preocupación de las familias creció tras recibir una comunicación de VISOCAN que, según la plataforma, rompe la tranquilidad transmitida hasta ahora. El escrito advierte de que el Decreto 114/1999, que regulaba la venta de viviendas autonómicas en alquiler, fue derogado por el Decreto 1/2023, y añade que su promoción no ha sido ofertada para la venta, por lo que deben seguir pagando el alquiler.
"Somos personas, por Dios. Llevamos más de 30 años cumpliendo, pagando y esperando. No queremos que se nos siga dando largas ni recibir únicamente cartas. Queremos que nos escuchen y que nos den una solución", ha subrayado Santana Sosa.
La plataforma ha precisado además que el Decreto 23/2026, de 9 de marzo, no resulta aplicable a estas viviendas y ha rechazado ser incluida en su régimen.
Tres responsables señalados
Vivienda por Derecho ha denunciado la falta de voluntad de diálogo de tres responsables del Gobierno de Canarias, los tres de Coalición Canaria:
- Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.
- Pino de León, directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).
- Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.
"No estamos pidiendo una reunión por capricho. Estamos hablando de cientos de familias que llevamos décadas pagando nuestras viviendas y que tenemos derecho, como mínimo, a ser escuchadas por quienes tienen la responsabilidad de dar una respuesta", ha afirmado Santana Sosa.
"Ahora le toca cumplir al Gobierno de Canarias"
La plataforma insiste en que no busca privilegios ni un trato de favor, sino el cumplimiento de lo prometido hace tres décadas.
"Porque detrás de cada vivienda hay una familia, y detrás de cada familia hay 30 años de esfuerzo, sacrificio y cumplimiento. Llevamos 30 años cumpliendo. Ahora le toca cumplir al Gobierno de Canarias", ha concluido Santana Sosa.
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