El Ayuntamiento de Firgas, a poco más de un año para que expire el mandato, se enfrenta a un problema judicial grave. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arucas (plaza nº 3) ha abierto diligencias previas para investigar a los concejales que votaron a favor del acuerdo plenario del personal y la plantilla en el mandato anterior.
Dos de esos concejales están en el grupo de gobierno actual. Son el alcalde, Alexis Henríquez, y la edil de Turismo, Servicios Sociales e Igualdad, Raquel Martel, ambos del PSOE. Los cinco restantes, con Jaime Hernández a la cabeza, desempeñan ahora labores de oposición en las filas de COMFIR, partido local asociado ahora a Primero Canarias, tras romper recientemente con Nueva Canarias.
La investigación nace de una contundente denuncia presentada por la Fiscalía de Las Palmas, después de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidiera deducir testimonio al observar indicios de criminalidad en la gestión de los responsables municipales.
Desobediencia a la autoridad judicial
El núcleo de la denuncia se centra en el artículo 556 del Código Penal. Según el Ministerio Público, los concejales habrían incurrido en un delito de desobediencia grave al negarse de forma sistemática a dar cumplimiento a las sentencias firmes que obligan al Ayuntamiento a eliminar la brecha salarial ente el personal fijo de la corporación y los trabajadores temporales indefinidos.
A pesar de que la Sala de lo Social ha reiterado que no puede existir desigualdad retributiva entre ambas categorías laborales si realizan las mismas funciones, el Pleno de Firgas aprobó en 2023 un presupuesto y una plantilla que perpetuaba esta discriminación salarial.
Prevaricación por voto afirmativo
Además de la desobediencia, la Fiscalía atribuye un presunto delito de prevaricación a los ediles. La denuncia sostiene que los concejales votaron a favor del acuerdo plenario a sabiendas de que contravenían la legalidad y los mandatos judiciales directos.
Fuentes judiciales han confirmado que la denuncia ha recaído en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arucas (plaza nº 3), cuyo magistrado ha abierto diligencias para identificar nominalmente a los concejales que emitieron el voto afirmativo en la sesión plenaria bajo sospecha.
Luego deberá tomarle declaración a los responsables en calidad de investigados, tras requerir al Ayuntamiento el expediente completo del anexo de personal y los informes de la Secretaría e Intervención, entre otros medios de prueba como las sentencias incumplidas.
De confirmarse los indicios, los concejales podrían enfrentarse a penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, además de las sanciones penales derivadas de la desobediencia grave a la autoridad judicial.