La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias ha archivado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de la futura Subestación Mogán 66/20 kV, prevista en el ámbito de La Solana de Posteragua, en el municipio grancanario de Mogán.
El proyecto, promovido por E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., contempla la construcción de una nueva subestación eléctrica con un transformador de 40 MVA, además de nuevas líneas subterráneas de media tensión y la reforma del centro de transformación El Cercado. La actuación tenía como objetivo la mejora y modernización de la infraestructura eléctrica del municipio.
Información de la subestación
Según recoge la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias, la instalación ocuparía una superficie aproximada de 2.254 metros cuadrados y se ubicaría en el margen izquierdo del Barranco de Mogán, sobre terrenos de cultivo en estado de abandono.
El acceso a la subestación se realizaría desde la carretera GC-200, a través de un camino acondicionado de unos 190 metros. En el entorno próximo se encuentran núcleos como Las Burrillas, El Cercado y el casco urbano de Mogán, considerados posibles receptores de los impactos de la actuación.
Deficiencias “estructurales”
El archivo del expediente no supone una declaración de impacto ambiental desfavorable al uso, sino que el órgano ambiental concluye que no dispone de elementos de juicio suficientes para determinar si el proyecto puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
La resolución es especialmente crítica con el documento ambiental presentado, al señalar que contiene deficiencias “sustanciales, generalizadas y de carácter estructural”. Estas carencias afectan, entre otros aspectos, a la definición técnica del proyecto, la caracterización del entorno, el análisis de alternativas, la valoración de impactos y las medidas preventivas y correctoras.
Once informes sectoriales
Durante la tramitación se recibieron once informes sectoriales de distintas administraciones y organismos públicos, entre ellos el Ayuntamiento de Mogán, el Cabildo de Gran Canaria, la Dirección General de Salud Pública, la Dirección General de Aguas, la Dirección General de Emergencias y el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.
Buena parte de estos informes coinciden en advertir que la documentación ambiental no permite valorar con suficiente rigor los posibles efectos del proyecto. Entre las cuestiones señaladas figuran la falta de estudios específicos, errores en la cartografía, ausencia de información técnica detallada y contradicciones internas en el análisis de impactos.
Suelo agrario y planeamiento
Uno de los puntos más relevantes del expediente tiene que ver con la localización de la subestación. La resolución apunta que el documento ambiental no caracteriza de forma adecuada el suelo afectado y que el ámbito se inserta en una zona de alta aptitud agraria, dentro de la pieza agrícola del Barranco de Mogán.
El Gobierno también recoge que el análisis urbanístico del proyecto se apoya en un marco de planeamiento que no estaría vigente, una cuestión advertida por el propio Ayuntamiento de Mogán.
La institución municipal considera que el documento ambiental no reúne las condiciones necesarias para emitir un pronunciamiento técnico y recomienda elaborar un nuevo documento con información objetiva, completa y suficientemente detallada.
Patrimonio y biodiversidad
La afección al patrimonio histórico es otro de los elementos que han pesado en el expediente. El Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria advierte de que la zona presenta un elevado potencial patrimonial y estima la presencia de más de 150 elementos patrimoniales en el área de estudio.
Por ello, el informe reclama una prospección arqueológica intensiva de cobertura total antes de poder evaluar adecuadamente las posibles afecciones directas e indirectas del proyecto. La resolución concluye que, sin esa evaluación patrimonial, no es posible garantizar la compatibilidad de la actuación con la conservación del patrimonio cultural.
Reserva de la Biosfera
El Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera también detecta carencias relevantes. Entre ellas, la falta de prospecciones de campo sobre flora y fauna, la ausencia de medidas específicas para especies como la pardela pichoneta y deficiencias en la gestión de especies invasoras.
La resolución también llama la atención sobre la contaminación lumínica, al encontrarse el proyecto en un entorno vinculado a la iniciativa Starlight. En este punto, se advierte de que la iluminación prevista no se ajustaría a las condiciones exigidas para proteger la calidad del cielo nocturno y evitar afecciones sobre fauna sensible.
Ruido, polvo y campos electromagnéticos
El expediente también recoge reparos vinculados a la salud pública. La Dirección General de Salud Pública señala la necesidad de profundizar en la evaluación de aspectos como el ruido, las vibraciones, la calidad del aire, la gestión de residuos y la exposición a campos electromagnéticos.
De hecho, la resolución destaca una contradicción interna del documento ambiental. Por un lado, reconoce que la subestación puede generar impacto acústico sobre viviendas cercanas, pero por otro concluye que no se producirán efectos durante la fase de explotación.
Además, el órgano ambiental subraya la ausencia de una evaluación específica sobre campos electromagnéticos, pese a tratarse de una infraestructura eléctrica próxima a núcleos habitados.
Riesgos naturales y tecnológicos
El Gobierno también considera insuficiente el análisis de riesgos. Entre las cuestiones no evaluadas de forma adecuada figuran la posible afección a zonas con riesgo de inundación, la dinámica de laderas, el riesgo de incendio industrial y la interacción del proyecto con la carretera GC-200, una vía colindante por la que pueden circular mercancías peligrosas.
Con todo ello, la Dirección General de Calidad Ambiental concluye que no puede emitir un pronunciamiento fundado sobre el impacto del proyecto. Por este motivo, acuerda finalizar el procedimiento y archivar las actuaciones, aunque la resolución deja abierta la posibilidad de que la iniciativa vuelva a tramitarse si se corrige y completa la documentación ambiental.