El sur de Gran Canaria avanza en la tramitación de un nuevo centro destinado a la atención de personas mayores. El Cabildo de Gran Canaria ha declarado de interés público y social un proyecto geriátrico de 96 plazas y 32 empleos previstos en el barranco de Ayagaures, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana.
La decisión, adoptada por unanimidad por el Consejo de Gobierno Insular el pasado 2 de octubre, ha sido publicada este martes 27 en el Boletín Oficial de Canarias.
La iniciativa está promovida por la empresa privada Lorenzo Pérez Domínguez, S.L. (DOPESA) y contempla la implantación de un equipamiento asistencial en suelo rústico, con servicios de atención geriátrica y un centro de día integrado.
La declaración constituye un avance administrativo relevante, pero no significa que las obras hayan comenzado ni que el establecimiento tenga ya licencia municipal.
Noventa y seis plazas
El proyecto está diseñado para incorporar 96 plazas destinadas a servicios asistenciales para mayores, incluyendo la actividad del centro de día.
Según un informe técnico municipal de diciembre de 2025 incorporado al expediente, San Bartolomé de Tirajana contaba entonces con únicamente diez plazas en centros geriátricos dentro del ámbito considerado por el documento.
La Administración utiliza esa cifra para justificar la necesidad de nuevas instalaciones en un municipio caracterizado por una fuerte actividad turística y un progresivo envejecimiento de la población.
La actuación también contempla la creación de 32 puestos de trabajo, según la previsión recogida en la documentación administrativa.
El expediente no concreta el importe total de inversión, las tarifas que tendría el futuro centro ni si algunas de sus plazas podrían concertarse con las administraciones públicas.
En suelo rústico
El establecimiento se proyecta en el barranco de Ayagaures, fuera del suelo urbano y dentro de un área incluida en la planificación territorial del sur y los barrancos de la costa suroeste de Gran Canaria.
Los informes municipales consideran que su ubicación puede responder a las necesidades de un equipamiento asistencial de estas características, al tiempo que contribuiría a diversificar la actividad económica en el entorno rural.
La documentación sostiene que la iniciativa no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento insular aplicable y reúne los requisitos para recibir una declaración excepcional de interés público o social.
Este reconocimiento resulta especialmente importante porque la implantación de determinados equipamientos en suelo rústico exige una justificación específica, tanto de su utilidad social como de la necesidad de situarlos fuera de los ámbitos urbanos convencionales.
Terrenos en disputa
El expediente contiene, sin embargo, un condicionante que todavía debe resolverse.
Durante la tramitación se presentaron alegaciones que advertían de una controversia judicial relacionada con la titularidad y disponibilidad de parte de los terrenos afectados.
La documentación recoge la existencia de un procedimiento judicial sobre una porción de suelo que la promotora considera vinculada al proyecto.
El Cabildo ha optado por declarar el interés público de la actuación sin pronunciarse sobre quién tiene la propiedad de los terrenos en disputa.
Para obtener la correspondiente licencia, DOPESA deberá acreditar que dispone legalmente de todo el suelo necesario para ejecutar el centro, o adaptar el proyecto a los terrenos sobre los que pueda demostrar esa disponibilidad.
Por tanto, la declaración publicada en el BOC no resuelve el conflicto de propiedad ni habilita automáticamente el comienzo de las obras.
Tramitación prolongada
La iniciativa arrastra un procedimiento administrativo iniciado años atrás.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana trasladó una primera solicitud al Cabildo en febrero de 2023, a instancia de la promotora.
Sin embargo, después de varios requerimientos de documentación, el procedimiento terminó con una resolución de desistimiento en marzo de 2024 por no haberse subsanado las deficiencias dentro del plazo establecido.
El proyecto volvió a tramitarse en junio de 2025, con una nueva solicitud municipal y documentación complementaria que permitió continuar el expediente.
Después de los informes técnicos y del periodo de información pública, el Consejo de Gobierno Insular aprobó finalmente la declaración de interés público y social en octubre de 2026.
Atención a mayores
La iniciativa se sitúa en un contexto de demanda creciente de recursos para personas mayores y dependientes.
El expediente recuerda las dificultades históricas del Archipiélago para ofrecer suficientes plazas residenciales y de atención diurna, así como las recomendaciones formuladas por el Diputado del Común para mejorar el sistema de atención a la dependencia.
En una economía como la del sur de Gran Canaria, donde la actividad turística ocupa una posición predominante, la implantación de un servicio asistencial privado también supondría diversificar la oferta de empleo y los servicios disponibles.
No obstante, el proyecto todavía tiene pasos pendientes. Además de resolver la disponibilidad de los terrenos, deberá completar los trámites municipales necesarios para obtener la autorización correspondiente.
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