La Plataforma Ciudadana por el Transporte Público en Gran Canaria reclama que Global pase a ser una empresa pública, siguiendo el modelo de Guaguas Municipales o de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa).
El colectivo considera que esta fórmula permitiría proteger el servicio interurbano de guaguas de la isla ante el vencimiento de la concesión actual, previsto para diciembre de 2027 —aunque hay opción de prorrogarlo un año—, y evitar que una multinacional se haga con su gestión.
Competencia desigual
"No podemos competir con Alsa, tienen 7.000 guaguas", adviertió este martes Francisco Zumaquero, exdirector general de Global y uno de los impulsores de la plataforma. Frente a esa dimensión empresarial, señaló que la compañía grancanaria dispone de unos 400 vehículos, una diferencia que, a su juicio, dificulta que pueda afrontar en igualdad de condiciones un concurso público para mantener la concesión.
El colectivo sostiene que la entrada de grandes compañías de transporte podría poner en riesgo la cobertura de las líneas menos rentables de la isla como las que van hacia Tejeda o Fagagesto. Zumaquero considera que las multinacionales acudirían principalmente por las rutas del sur de Gran Canaria, vinculadas a los principales núcleos turísticos, mientras que las conexiones con los municipios del interior podrían quedar relegadas frente a los intereses económicos.
Trayectoria histórica
Zumaquero reivindicó la trayectoria de la compañía y su papel en la movilidad de la población grancanaria. "En 1973 salió la primera expedición de Salcai desde El Hoyo a Mogán. La línea 1. A las 5:30. Allí estábamos y aquí estamos", recordó. "Hemos mantenido un servicio de calidad durante 53 años", añadió.
El exdirector general de Global defiende que la finalidad de la plataforma es preservar esa función pública del transporte. "Nuestro objetivo era servir al isleño. Por eso constituimos esta plataforma, está constituida por ciudadanos. Va a luchar por el transporte público de la isla de Gran Canaria", explicó.
La propuesta pasa por que el Cabildo estudie la transformación de Global en una empresa pública, una posibilidad que sus promotores consideran viable a partir de modelos que ya funcionan en Canarias. Zumaquero cita tanto a Titsa, dependiente del Cabildo de Tenerife, como a Guaguas Municipales, en Las Palmas de Gran Canaria, como referencias de prestación pública del servicio.
Coste público
Una de las cuestiones que plantea la plataforma es cuánto tendría que invertir el Cabildo de Gran Canaria para asumir la compañía. Zumaquero apunta que la operación debería tener en cuenta las instalaciones y los activos vinculados a Global, entre ellos los talleres, las cocheras y los solares.
"Porque los talleres, las cocheras, los solares, es de capital de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa, el Cabildo tendría que adquirirlos", sostuvo.
El exdirector general asegura, además, que el coste de la operación sería inferior al 10% de lo que supondrá la reforma del Estadio de Gran Canaria.
Apoyo político
La plataforma pretende trasladar sus demandas al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y a los portavoces de los grupos políticos con representación en la corporación insular. El objetivo es abrir una negociación sobre el futuro de la concesión y conseguir respaldo político para estudiar la gestión pública de Global.
Zumaquero reconoce que ya ha habido diálogo, pero considera que no se han producido avances suficientes. En ese sentido, señala que la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) podría prestar el servicio mediante una fórmula pública vinculada a Global.
Modelo público
Por su parte, Santiago Domínguez, presidente del comité de empresa de Global, defendió que el transporte interurbano quede bajo el paraguas del Cabildo de Gran Canaria, tanto para proteger el servicio como para garantizar los derechos de la plantilla.
Domínguez puso el foco en la complejidad de organizar las conexiones entre los distintos puntos de Gran Canaria y en la necesidad de adaptar la prestación a las circunstancias de cada jornada. En este sentido, considera que un modelo basado en un contrato que establezca de forma rígida las expediciones y los recorridos puede limitar la capacidad de respuesta del servicio.
"La experiencia nos ha enseñado que encuadrar este servicio en un contrato, con cuántas expediciones al día y por dónde tienen que transcurrir, y no tener esa flexibilidad de movimiento, nos condena a dar un servicio que no es positivo para el usuario", subrayó el representante de los trabajadores.
El presidente del comité de empresa defiende un modelo de gestión que permita ajustar las conexiones a la demanda real, especialmente en las localidades que dependen de la guagua para sus desplazamientos cotidianos.
Igualdad territorial
La secretaria general de CCOO en Gran Canaria, Ester Ortega, respaldó la propuesta de convertir Global en una empresa pública por motivos tanto laborales como sociales. El sindicato participó en la constitución de la plataforma y defiende que la gestión directa es la fórmula que mejor garantiza la igualdad de oportunidades.
Ortega vincula esta reivindicación con la crisis de acceso a la vivienda y el desplazamiento de las familias con menos recursos hacia zonas periféricas. "Estamos ante la emergencia habitacional, que cuestiona la vivienda como un derecho, pero el derecho a la vivienda y al transporte son indisolubles", afirmó. La dirigente sindical recordó que la especulación inmobiliaria ha ido expulsando a las rentas más vulnerables de sus barrios y empujándolas hacia lugares donde los precios son más asequibles.
En este escenario, considera que el transporte público resulta esencial para combatir las desigualdades territoriales y garantizar que quienes viven lejos de los principales núcleos urbanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos. A su juicio, la pérdida de conexiones con los municipios menos poblados agravaría las dificultades de los más vulnerables.
Gestión privada
La responsable de CCOO advirtió también que la entrada de una empresa privada en la gestión de las líneas interurbanas podría anteponer la rentabilidad económica a las necesidades de la población. "Si la empresa cae en manos privadas, no tendrá como prioridad el interés general y eliminará rutas", dijo.
Ortega también alertó de las consecuencias laborales que, según denuncia, ha tenido la entrada de multinacionales en el sector del transporte.
Servicio seguro
La dirigente sindical cuestionó, además, que estas compañías puedan garantizar un servicio seguro y eficiente si su prioridad es la rentabilidad. Por ello, insistió en que la decisión sobre el futuro de Global debe tener en cuenta tanto las condiciones de trabajo de la plantilla como las necesidades de movilidad de la ciudadanía.
El mensaje de CCOO al Cabildo de Gran Canaria, concluye Ortega, es que la gestión de Global debe ser "pública y directa". La organización considera que la compañía ha demostrado estar al servicio de la población canaria y que su continuidad bajo control público permitiría preservar esa orientación cuando expire la concesión actual.
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