La zona agrícola de Lomo Los Azules, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, se ha convertido en el epicentro de un pulso urbanístico que enfrenta al Ayuntamiento sureño con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Mediante una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO), el gobierno local quiere regularizar un núcleo de viviendas que ha crecido de forma irregular sobre suelo clasificado como de Protección Agraria, pero tanto el Gobierno como el Cabildo han emitido informes desfavorables. Muchas de las parcelas tienen grandes piscinas y carecen de uso asociado a los terrenos rústicos sobre los que se asientan.
Deuda con los vecinos
El Ayuntamiento de San Bartolomé, actuando como órgano promotor a petición de la Asociación Plataforma de Afectados de El Salobre y Lomo Los Azules, busca recategorizar unas 41,90 hectáreas de terreno para convertirlas en un asentamiento agrícola.
Esa nueva categoría de asentamiento permitiría darle cobertura legal a las 44 viviendas existentes, de las cuales se estima que el 70 % carece de licencia. En la práctica, una zona rústica en producción, con cultivos consolidados, quedaría abierta a un uso residencial e incluso turístico.
Desde la administración municipal se defiende que el núcleo está consolidado y que la ley permite reconducir el uso residencial hacia esta figura para proteger la actividad agraria restante, integrando las viviendas como un complemento de las explotaciones, pero la modificación impulsada por Urbanismo está parada por los informes desfavorables.
El valor del suelo fértil
La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias es clara al advertir que la modificación planteada supone un "consumo de suelo productivo" en beneficio de usos turísticos y residenciales que no tienen un vínculo real con el campo.
El informe autonómico es especialmente crítico con la presencia de edificaciones con piscinas que nada tienen que ver con las explotaciones agrarias. Es más: califican de "temerario" el argumento del equipo redactor del plan municipal, porque para justificar el cambio de uso se sugiere que la agricultura de la zona es "insostenible".
La Comisión Autonómica de Informe Único ratificó el informe de Agricultura en diciembre de 2024, concluyendo que no es viable legalizar obras basándose únicamente en el hecho de que ya existen.
Un problema de densidad
El Cabildo de Gran Canaria también ha bloqueado la propuesta al considerarla incompatible con el Plan Insular de Ordenación (PIOGC).
Los técnicos insulares aprecian varias infracciones graves, entre ellas un exceso de construcciones, pues el Plan Insular permite un máximo de una vivienda por hectárea para asentamientos agrícolas y el Ayuntamiento propone dos.
Otros de los inconvenientes es que se plantean 20 nuevas viviendas adicionales, lo que duplicaría la densidad permitida sin una justificación agraria real.
En este tipo de asentamiento, además, es obligatorio que cada casa esté vinculada a una explotación agrícola efectiva, lo cual no ha quedado acreditado por el Ayuntamiento en la tramitación del expediente.
Un futuro incierto
El rechazo de Cabildo y Ayuntamiento deja en el aire la regularización de Lomo Los Azules y de otros diseminados en la zona de El Salobre que están en situación ilegal.
El más afectado, con 44 viviendas en suelo rústico de producción agrícola, es Lomo Los Azules, algunas incluso con expedientes abiertos en la Agencia de Protección del Medio Natural. Un problema que los afectados tratan de resolver a través de Kurson Arquitectura, que es el despacho contratado para tratar de ordenar y regularizar los diferentes diseminados rurales.