Todos los grupos parlamentarios y la mayoría de los cabildos insulares han respaldado este martes la modificación de la Ley del Suelo para ampliar a cuatro años el plazo de vigencia de los informes ambientales estratégicos, con la única excepción del Cabildo de Gran Canaria, que considera que esta reforma evidencia que la ley nació “viciada”.
Los representantes de las corporaciones insulares expresaron su posición en la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias, en relación con el decreto ley promovido por el Gobierno autonómico para modificar la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, así como la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias.
Ambas reformas serán sometidas a ratificación en el pleno del Parlamento, previsto para mañana, el primero del año 2026.
Objetivos de la modificación
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, explicó que el decreto permite al órgano ambiental ampliar hasta cuatro años los informes ambientales estratégicos, siempre que no se hayan producido cambios sustanciales en los instrumentos de planificación.
Además, se habilita de forma excepcional que los instrumentos de planificación con memoria ambiental prorrogada que ya hayan superado las fases de información pública, consulta, informe y audiencia puedan ser aprobados en un plazo máximo de un año desde la prórroga.
Planes municipales
El objetivo es evitar que decaiga la planificación y permitir que el Gobierno continúe la elaboración de los planes municipales de ordenación supletorios, como los ya aprobados en San Bartolomé (Lanzarote) y San Miguel de Abona (Tenerife).
Actualmente, el Ejecutivo trabaja en los planes supletorios de La Orotava y Arrecife, cuya aprobación se prevé para el primer trimestre de este año, así como en el de Mazo (La Palma), que podría culminar en 2027.
Sin la posibilidad de prorrogar los informes ambientales estratégicos, esta planificación podría caducar y obligar a iniciar un nuevo procedimiento, advirtió el consejero.
Plazos
En cuanto a la modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, se amplía hasta el 10 de enero de 2027 el plazo para que las cooperativas constituidas antes de 2013 adapten sus estatutos a la normativa vigente.
El plazo inicial concluyó el pasado 10 de enero, y aunque muchas cooperativas habían presentado la documentación, la sobrecarga administrativa del registro impidió finalizar los trámites, lo que habría supuesto su disolución y liquidación.
Respaldo mayoritario
La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, defendió la reforma por responder a una realidad “incontestable”: una planificación lenta y compleja, con territorios que parten de condiciones desiguales.
En la misma línea, la vicepresidenta cuarta del Cabildo de Fuerteventura, Nereida Calero, apoyó los cambios y sugirió que, en la medida de lo posible, sería preferible no fijar plazos estrictos en normas de planeamiento, dada la dificultad que suponen para las administraciones locales.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, consideró necesario el decreto para evitar la caducidad de procedimientos ante instrumentos de ordenación territorial, urbanística y ambiental “excesivamente complejos”, recordando que algunos municipios nunca han contado con un plan de ordenación propio.
Lanzarote, La Palma y Tenerife
También el consejero de Ordenación del Territorio del Cabildo de Lanzarote, Jesús Alexander Machín, señaló que no es lo mismo aprobar una ley en el Parlamento que desarrollarla desde cabildos y ayuntamientos, con plazos “muy difíciles de asumir”.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, calificó la prórroga de estos informes como un “acierto absoluto”, especialmente en contextos como el de su isla tras la erupción volcánica, donde estos instrumentos han permitido agilizar trámites.
Desde el Cabildo de Tenerife, el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, afirmó que el decreto contiene decisiones “absolutamente necesarias” y defendió que la Ley del Suelo de 2017 supuso un avance, cuya modificación requiere un proceso más amplio que el de la Comisión de Cabildos.
Gran Canaria se opone
La única posición crítica fue la de la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, quien recordó que desde 2017 su corporación advirtió de que la Ley del Suelo sería “conflictiva, no igualitaria, judicializaría el planeamiento y retrasaría los procedimientos”.
Miranda denunció que es la “tercera o cuarta vez” que se modifica la norma y sostuvo que la reforma actual no tiene carácter de urgencia, por lo que podría haberse resuelto en el momento de aprobar la ley original.
A su juicio, no se han acreditado los elementos que justifiquen el uso del decreto ley, lo que demuestra que la norma “nació viciada, como ha demostrado la experiencia”.
La consejera pidió al Gobierno regional que trate el planeamiento “con absoluta seriedad” y advirtió de que no se puede permitir que los proyectos se impongan a la protección del territorio, “lo más sagrado que tenemos”, concluyó.