El Cabildo de Gran Canaria ha publicado la licitación del contrato de obras destinado a convertir el antiguo psiquiátrico de Tafira en un nuevo centro de referencia. La inversión, a cargo del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), alcanza los 40.217.107 euros.
El histórico edificio, diseñado por Miguel Martín-Fernández de la Torre y considerado una de las joyas de la arquitectura modernista en Canarias, contará tras su rehabilitación con 272 plazas sociosanitarias, principalmente destinadas a personas mayores.
Centro
Según ha informado este viernes el Cabildo de Gran Canaria, las empresas interesadas en el contrato tienen hasta el 18 de febrero para presentar sus ofertas, con el objetivo de iniciar las obras este mismo año. El proyecto contempla la restauración integral del edificio, situado en una parcela de 40.192 metros cuadrados, de los que 33.626 corresponden a zona ajardinada, y la habilitación de 242 plazas residenciales y 30 de estancia diurna para personas mayores con discapacidad intelectual y física, así como usuarios con enfermedades de salud mental.
"La residencia se organizará en 17 unidades convivenciales, con habitaciones dobles y sencillas con baño completo, salas de estar, comedores con cocina de uso doméstico y zonas de control para el personal, buscando limitar la masificación y ofrecer atención personalizada", apuntan.
Atención sociosanitaria
Además, se habilitarán "dos viviendas tuteladas de 13 camas cada una, fomentando la autonomía de los usuarios, y una nueva galería subterránea en la plaza central para conectar las unidades convivenciales con el resto de la residencia". Entre las instalaciones también se incluirán "cocina industrial, gimnasio, despachos, salas polivalentes, talleres y lavandería, con una eficiencia energética A para garantizar un consumo casi nulo. La zona exterior contará con 73 plazas de aparcamiento", señalan.
El Cabildo destaca que esta rehabilitación es una apuesta por una atención sociosanitaria más completa y personalizada, así como por la mejora de la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, preservando al mismo tiempo el valor patrimonial del edificio, cerrado durante 20 años.