La Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria ha concedido una subvención de 40.000 euros a la Asociación Oportunidades de Vida. La entidad está bajo el punto de mira tras la imputación de Rafael Hernández —su responsable— por, presuntamente, explotar a menores migrantes en sus fincas privadas.
El dinero va destinado al proyecto ‘Gran canaria solidaria’, una iniciativa que pretende mejorar las condiciones de vida de las personas vulnerables y en riesgo de exclusión social. Así aparece reflejado en el expediente de la ayuda al que ha tenido acceso Atlántico Hoy.
Precariedad laboral
Hernández pidió la ayuda el pasado mes de marzo, cuando argumentó que necesitaban el dinero para dar continuidad a la contratación de dos técnicos que trabajen en las actividades que lleva a cabo la ONG. “En vista que el número de personas que participan se ha incrementado, se hace necesario por el bien común el seguir desarrollándolas”, indica.
“En los últimos años se ha consolidado un contexto socioeconómico complejo caracterizado por el incremento del coste de la vida, el encarecimiento de bienes y servicios básicos y la persistencia de situaciones de precariedad laboral que afectan a una parte importante de la población”, recoge también el documento.
Inestabilidad económica
“Esta realidad no solo afecta a personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad social, sino también a nuevas familias que, debido a la inestabilidad económica, la precariedad laboral o la insuficiencia de ingresos, requieren del apoyo de los Servicios Sociales Municipales y de las entidades del tercer sector”, prosigue Hernández.
Pone también sobre la mesa que la población afectada está compuesta tanto por los residentes en Canarias como por los migrantes en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad. “Todos los proyectos que desarrollamos potencian el desarrollo humano, económico y cultural de las poblaciones más desfavorecidas tanto nacional como internacionalmente”, agrega.
Dos contrataciones
Los 40.000 euros, concedidos por el área que dirige Teodoro Sosa, estaban incluidos en el plan estratégico de subvenciones del Cabildo de Gran Canaria del año 2026. La partida recibió el visto bueno el pasado 17 de abril y cubrirá el gasto de dos personas tituladas que trabajen a jornada completa.
Según el expediente que ha podido consultar este periódico, el pago del importe total de la subvención se realizará a favor Oportunidades de Vida con carácter anticipado y tendrá un plazo de ejecución que va entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.
Proceso judicial
Hernández, que fue hasta diciembre de 2024 presidente de la COAG —el organismo que representa a los ganaderos y agricultores en las Islas—, tiene abierto un frente judicial por emplear, presuntamente, a chicos que se alojaban en el centro Tagoror de El Fondillo para que trabajaran en sus fincas privadas de Tafira y La Aldea de San Nicolás.
Por aquel entonces, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social abrió un expediente a Hernández a raíz de las presuntas irregularidades que llegaron hasta la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
Merece la pena resaltar que Oportunidades de Vida ha recibido varios requerimientos del Cabildo de Gran Canaria por no justificar bien algunas ayudas.
