Uno de cada cinco habitantes de Gran Canaria es mayor de 65 años. Una realidad que se une a la caída en picado de los nacimientos: en el año 2000 llegaron al mundo 8.444 personas en la isla capitalina, mientras que en 2022 solo fueron 4.695. La lectura es clara: la población está cada vez más envejecida mientras se intenta que el sistema sociosanitario no colapse.
Más allá de las cifras, hay un debate que lleva abierto dos décadas: ¿cuánto deben pagar los usuarios de las residencias de mayores y por qué Canarias no cuenta con una norma que regule la cantidad de manera justa? O, dicho con otras palabras, la duda es cuándo llegará el decreto de copago. Esa parece ser —en principio— la única solución 20 años después.
Cuánto se paga
A día de hoy, decenas de personas pagan alrededor de 420 euros para vivir en residencias de Gran Canaria como Taliarte Nuevo (Telde) o Benedicta Ojeda en Tamaraceite. Lo llamativo está en que la de El Sabinal es gratuita y alojarse en Taliarte I —la antigua— requiere abonar el 75% de la pensión. En definitiva, distintas formas de funcionar en una misma isla.
El motivo es que, al no haber un decreto de copago para la comunidad autónoma, cada centro se rige por la normativa que existía cuando se inauguró. El Sabinal no cuesta un solo euro porque en el 2000, al abrir sus puertas, no había copago establecido y nunca lo ha tenido. Solo estaba vigente un Concierto Hospitalario del 7 de octubre de 1988 suscrito entre el Instituto Nacional de Salud y el Cabildo de Gran Canaria.
El módulo social
Se trata de una dispensa que tiene su origen en que al principio las plazas se reconocían como sanitarias al proceder del antiguo Hospital San Martín. Las instalaciones tienen 220 plazas —160 residenciales, 30 diurnas y 30 que gestiona el Gobierno regional—. Así queda recogido en un informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de septiembre de 2019.
Mientras allí los servicios están exentos de pago, en Taliarte Nuevo y Benedicta Ojeda los usuarios aportan el 20% del módulo social: el coste de cada residente por día incluyendo gastos comunes, los trabajadores sociales o la comida. Es lo que está recogido en el Plan Canario de Atención a Personas Mayores Dependientes, una norma sin rango de ley.
75% de la pensión
Dentro de cada residencia existen plazas de alto y medio requerimiento. Las primeras cuestan 3.000 euros, según cifras aportadas a este periódico por la Consejería de Política Social del Cabildo Insular. De ahí, los usuarios abonan alrededor de 421 euros al mes —lo que supone 14 al día—. Eso sí, todos pagan lo mismo independientemente de lo que reciban de pensión.
Eso no es lo que pasa en Taliarte I, allí se paga el 75% de la pensión. La residencia, que abrió en 1984, regula el cobro de sus usuarios en base a las condiciones recogidas en la Resolución del 26 de agosto de 1987 de la Dirección General del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO). Aquello regulaba la liquidación de estancias, ingresos, traslados o permutas.
Ley de Dependencia
Todo este escenario deja un dato revelador: Canarias es la única comunidad autónoma que no cuenta con un decreto de copago, algo que pide —en cierta manera— la Ley de Dependencia estatal del año 2006. Su artículo 33.3.b) detalla que “se garantizará una cantidad mínima” en los servicios de atención residencial, de cuidados y de apoyo en viviendas.
El objetivo, recoge la norma, es “favorecer el bienestar físico y emocional, la autonomía de las personas y su inclusión y participación en la comunidad”. También aclara que la cuantía no puede implicar una carga que provoque efectos disuasorios y que las personas “renuncien a la intensidad de los cuidados y apoyos que necesitan”.
Sin decreto de copago
A partir de ahí, son las comunidades autónomas quienes deben utilizar esta base legal para fijar el porcentaje que tienen que abonar los usuarios de las residencias. Pero Canarias no lo ha hecho. No cuenta con un decreto que lo regule dicte a los cabildos la cantidad que debe aportar cada residente. Una petición formulada en varias ocasiones desde Gran Canaria.
Isabel Mena, consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo grancanario asegura que han solicitado al Gobierno de Canarias un decreto para que todos los usuarios participen en un sistema más equitativo donde “quien más tiene, más paga”. Un modelo similar al de Taliarte I, el que más se acerca a lo que aspira la Corporación Insular a aplicar.
Planes del Gobierno
El Gobierno de Canarias no parece ajeno a esta realidad, pero trabaja en una línea que busca blindar esas cantidades a largo plazo. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social , Igualdad, Juventud, Infancia y Familias han confirmado a este periódico que tienen en mente desarrollar una ley de copago. Un proceso que se encuentra en una fase muy inicial.
“Está en estado muy embrionario aún, estamos consensuando con entidades e iniciando una redacción”, ponen sobre la mesa desde el área que dirige Candelaria Delgado. Mena, por su parte, no ve con malos ojos la medida, pero lamenta que “no estará terminada en esta legislatura”. “Al ser un trámite parlamentario, es un proceso más largo”, apostilla.
"Siempre ha habido voluntad"
La consejera de Política Social defiende que debe haber una ley lineal que tenga en cuenta la capacidad económica de cada usuario y “el Gobierno de Canarias en ningún momento ha establecido una fórmula para analizarlo”. “Siempre ha habido voluntad [para sacarlo adelante], pero nunca llega, nunca se concreta”, señala también.
Hace 12 años hubo un intento. Inés Rojas, por aquel entonces consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, planteó un decreto con criterios para tener en cuenta la capacidad económica de los usuarios de las residencias de las Islas —porque el problema no es exclusivo de Gran Canaria, afecta a todos los cabildos—. Pero no hubo consenso.
¿Qué dice la ley canaria?
La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias determina en su artículo 55 que la aportación económica de los usuarios será exigible atendiendo a los principios de equidad, proporcionalidad, progresividad, redistribución y universalidad. Aunque aclara que ninguna persona podrá quedar excluida de un servicio por falta de recursos económicos.
Su disposición adicional undécima va más allá y establece que en el plazo máximo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, “el Gobierno de Canarias aprobará un decreto en el que se establezcan los criterios para determinar la capacidad económica de las personas usuarias del sistema público de servicios sociales”.
"Justicia social"
Por el momento, no se ha hecho mientras el resto de comunidades autónomas sí tienen su norma para regular el copago. La mayoría, explica Mena, se acercan al pago del 75% de la pensión y otras fijan que las pensiones mínimas están exentas. “Para dar más seguridad jurídica debe existir un decreto que genere justicia social”, exclama.
La consejera pone también sobre la mesa que “el sistema sociosanitario tiene un coste muy elevado”. Sostiene que el presupuesto del Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS) para el próximo año 2027 es de 240 millones de euros. Una cuantía de la que una parte proviene de los usuarios. Por lo que, dice, “debe ser un sistema solidario”.
Más profesionales
Asevera, además, que “los centros sociosanitarios se han profesionalizado” con diferentes perfiles —en contraposición a lo que ocurría en la época de los geriátricos— “y todo eso se paga”.
En definitiva, Gran Canaria —al igual que el resto del Archipiélago— se enfrenta a un marco normativo que no regula un copago general para las residencias de mayores mientras el Gobierno regional ha empezado a trabajar en una ley que —cuando salga adelante— blindará esos pagos a largo plazo.
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