El Cabildo de Gran Canaria eleva el tono frente al Estado por la gestión de las ayudas a energías renovables. La institución insular ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica la corrección de un “trato desigual” en los fondos europeos, y advierte de que acudirá a los tribunales si no se modifica la normativa actual.
El conflicto se centra en las diferencias entre las ayudas gestionadas directamente por el IDAE y las reguladas por el Real Decreto 451/2022, que afectan a proyectos en Canarias.
Según el Cabildo, estas discrepancias ponen en riesgo inversiones estratégicas y la correcta ejecución de los fondos europeos.
Plazos desiguales
El principal problema radica en que algunas ayudas han sido flexibilizadas, permitiendo ampliar plazos y adaptar requisitos, mientras que otras mantienen condiciones más rígidas y sin margen de modificación.
Esto provoca que proyectos similares, financiados con los mismos recursos, tengan reglas distintas según su vía de gestión.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, considera que se trata de una cuestión de “justicia y coherencia”.
Advertencia legal
Morales ha sido contundente al asegurar que la institución acudirá a la vía judicial si no se corrige la situación.
El Cabildo sostiene que este trato desigual puede comprometer la absorción de fondos europeos y perjudicar la transición energética en la isla.
Además, critica que el reciente decreto estatal no haya incorporado medidas para garantizar la igualdad entre territorios.
Impacto en empresas
El consejero de Energía, Raúl García Brink, advierte de que esta situación afecta directamente a pymes del sector energético, que dependen de estos proyectos.
También subraya la necesidad de reforzar la soberanía energética en un territorio vulnerable como Canarias.
El contexto internacional y el encarecimiento de la energía agravan el impacto de estas decisiones.
Frente común
El Cabildo reclama una homogeneización de las condiciones en todas las líneas de ayuda vinculadas al Plan de Recuperación.
A esta posición ya se han sumado entidades como comunidades energéticas y administraciones locales, que preparan acciones similares.
La institución insular insiste en que defenderá un reparto equitativo de los fondos europeos para Canarias.