Un informe jurídico ha descartado que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pueda gestionar con medios propios el servicio de publicidad en la vía pública, al considerar que existen limitaciones legales que impiden su municipalización en las condiciones planteadas.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha señalado que la municipalización de servicios públicos debe abordarse “dentro de los límites que establece la normativa” y no desde el “voluntarismo político”.

La situación había sido advertida por el PSOE en el municipio, que cuestionó la viabilidad de la municipalización del servicio de publicidad en la vía pública según el propio informe, tal y como adelantó Canarias7.

Problemas arrastrados

El servicio de publicidad urbana en el municipio se sustenta en una concesión administrativa otorgada en 1994, cuyo contrato está vencido desde 2012, lo que ha generado un escenario jurídico complejo tras más de una década sin una solución definitiva.

Desde la llegada del actual grupo de gobierno en 2023, el área de Urbanismo ha revisado el expediente con el objetivo de regularizar la situación, analizando distintas alternativas y solicitando informes técnicos.

Opción no viable

Inicialmente se planteó la posibilidad de municipalizar el servicio, pero los informes jurídicos concluyen que esta opción no es viable, por lo que el Ayuntamiento optará por una licitación conforme a la normativa vigente.

“En este caso se trataba de asumir a seis trabajadores y prestar un servicio básico, y aun así los informes lo hacen inviable”, ha explicado Marichal, quien insiste en que “esto demuestra que municipalizar un servicio no es una cuestión tan sencilla como otros grupos plantean”.

Hamacas y sombrillas

El edil advierte de que esta dificultad es aún mayor en otros ámbitos, como el servicio de hamacas y sombrillas, que presenta un mayor nivel de complejidad y volumen.

En este sentido, ha señalado que quienes defienden su municipalización deben explicar cómo llevarla a cabo “sin incurrir en los mismos problemas jurídicos”.

Seguridad jurídica

Marichal ha insistido en que la gestión pública debe basarse en la seguridad jurídica, evitando conflictos legales y priorizando los intereses del Ayuntamiento.

“Gobernar no consiste en generar titulares, sino en tomar decisiones con respaldo legal”, ha concluido.

Esta decisión se produce tras el análisis jurídico que ya había puesto freno al intento municipal de asumir directamente este servicio.