La Intervención del Ayuntamiento de Santa María de Guía vuelve a quedarse sin la funcionaria que debe vigilar sus cuentas. María Esther Granada presentó este jueves, 25 de septiembre, su renuncia al puesto de interventora municipal, según ha podido saber Atlántico Hoy, apenas siete meses después de asumir una de las responsabilidades más sensibles de una corporación que arrastra desde hace dos años una sucesión de cambios en el órgano encargado de fiscalizar su actividad económica.
Granada llegó a Guía en febrero y tardó poco en describir ante el pleno una situación que desbordaba la habitual frialdad del lenguaje administrativo. En la sesión celebrada el 26 de ese mismo mes advirtió de que la situación económico-financiera municipal se encontraba en “parada técnica”, explicó que el Ayuntamiento trabajaba con un presupuesto “agotado y prorrogado por segunda vez” y dejó otra frase especialmente incómoda para el gobierno local: “Hay facturas en el cajón”.
La renuncia introduce así un nuevo elemento de incertidumbre en el Ayuntamiento que gobierna Alfredo Gonçalves (PSOE) desde septiembre de 2024. La Intervención no es un departamento administrativo más: ejerce el control interno de la gestión económico-financiera, fiscaliza actos con repercusión presupuestaria y constituye uno de los principales contrapesos técnicos de cualquier corporación local. La plaza de Guía, de clase primera y reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional, continúa sin titular definitivo.
Siete meses
María Esther Granada había sido nombrada mediante resolución de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias del 6 de febrero de 2026. Procedía de la lista de reserva conjunta CAC-INAP de la Subescala de Intervención-Tesorería y ocupaba el número 15 del turno preferente correspondiente a las ofertas de empleo público de 2023 y 2024. Su nombramiento tenía carácter interino precisamente por la inexistencia de un titular definitivo para la plaza.
Su diagnóstico inicial fue severo. Además de referirse a la “parada técnica”, la interventora advirtió de las dificultades que suponía afrontar 2026 con unas cuentas prorrogadas. El Ayuntamiento continuaba trabajando con el presupuesto de 2024 y durante aquellos meses tuvo que afrontar obligaciones de ejercicios anteriores. En marzo, el exalcalde y portavoz de Juntos por Guía, Pedro Rodríguez, señaló además que se había aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito superior al millón de euros para atender servicios básicos.
La salida de Granada devuelve ahora el problema al despacho del alcalde. Gonçalves gobierna el municipio desde el 17 de septiembre de 2024 y comparte el núcleo del proyecto socialista local con José Godoy Cruz, secretario general del PSOE de Guía y figura determinante en la reorganización política que terminó con el anterior gobierno municipal. El propio Godoy reconoció públicamente en 2024 que la moción de censura que cambió la alcaldía “venía desde atrás” y respondió entonces a las acusaciones de Pedro Rodríguez asegurando que había sido una decisión “colectiva, complicada, debatida y consensuada” dentro de su grupo político.
Plaza inestable
El problema de la Intervención, en cualquier caso, precede a la llegada de Gonçalves a la alcaldía. La jubilación en junio de 2024 de Antonio Félix Marrero, que llevaba décadas vinculado al Ayuntamiento y desempeñaba las funciones de Intervención por vacancia, abrió un periodo caracterizado por la provisionalidad.
Desde entonces se han sucedido distintas fórmulas para evitar que quedara descubierto el control económico municipal: acumulaciones con habilitados de otras administraciones, comisiones de servicio, funcionarios interinos y nombramientos accidentales para jornadas e incluso horas concretas.
Entre esas soluciones estuvo Néstor Tomás González, habilitado nacional y titular de la Viceintervención del Ayuntamiento de Pájara, que llegó a Guía en comisión de servicios a comienzos de 2025 y solicitó su marcha pocos meses después. También ocupó posteriormente la plaza Juan Salvador Viera, nombrado interino en junio de 2025. Su etapa terminó igualmente por voluntad propia: Función Pública revocó su nombramiento “a solicitud del interesado”, con efectos del 5 de diciembre de aquel año.
Nombramientos accidentales
En los periodos intermedios, el Gobierno de Canarias llegó a autorizar nombramientos accidentales y excepcionales de Josué Jonathan Quintana, oficial de la Policía Local de Guía, para realizar durante determinados días y horas únicamente aquellos actos de administración ordinaria en materia económica que resultaran imprescindibles para “evitar la paralización de la Corporación”.
La llegada de Granada en febrero parecía proporcionar nuevamente estabilidad a una plaza que se había convertido en uno de los puntos débiles de la estructura administrativa municipal. Siete meses después, su renuncia obliga a buscar otra solución.
Control de alcoholemia
La dimisión llega, además, después de unos meses políticamente complicados para Alfredo Gonçalves. El episodio más grave se produjo en mayo, cuando el alcalde fue interceptado por la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana mientras conducía por la avenida de España, en Playa del Inglés. Las dos pruebas de alcoholemia arrojaron tasas de 0,72 y 0,70 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por encima del umbral penal de 0,60.
Gonçalves compareció públicamente para pedir disculpas y reconoció que lo ocurrido no tenía “justificación ni excusa alguna”, aunque anunció que permanecería al frente del Ayuntamiento. Un día después compareció en un juicio rápido, reconoció los hechos y fue condenado por un delito contra la seguridad vial a 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y ocho meses de privación del permiso de conducir.
La salida de María Esther Granada deja un hecho objetivo: el Ayuntamiento pierde nuevamente a su interventora después de que varios de quienes han asumido la fiscalización económica desde 2024 hayan terminado solicitando su salida.
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