El Juzgado de Instrucción N.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria finalizada la investigación que afecta al Cabildo de Gran Canaria y transforma la causa en procedimiento abreviado para sentar en el banquillo a siete altos cargos o profesionales vinculados a las Jornadas del Paisaje organizadas por la institución insular.
El auto judicial, que lleva fecha del pasado tres octubre y está firmado por Alberto Puebla, encausa a siete personas a petición de la Fiscalía Anticorrupción, entre ellos altos cargos políticos, funcionarios directivos y empresarios. El magistrado considera que montaron una trama de contratación irregular en la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo entre los años 2016 y 2019.
Hechos supuestamente delictivos
Los investigados idearon y ejecutaron un plan preconcebido para adjudicar la organización y celebración de las I, II, III y IV Jornadas del Paisaje a personas de su confianza, eludiendo la libre concurrencia y los controles de la contratación pública, recoge la resolución judicial.
Para lograrlo, el juez detalla que los procesados recurrieron de manera reiterada al fraccionamiento de contratos menores, desglosando gastos esenciales como el cáterin, la edición de libros, los medios audiovisuales o la señaléctica, con la finalidad de no superar los límites legales para evitar así las licitaciones abiertas.
Además, en la edición de 2018, se recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad simulado.
A ello se suma la desviación de patrocinios privados y públicos, que fueron otorgados por entidades como Grafcan, Red Eléctrica de España o Canaragua, cuyas cuantías económicas nunca ingresaron en las arcas del Cabildo ni sirvieron para reducir el coste de los contratos, sino que fueron percibidas o repartidas directamente por los propios organizadores.
Delitos
El auto delimita de forma precisa las responsabilidades indiciarias atribuidas a cada uno de los implicados y los delitos a los que se enfrentan. Destaca la prevaricación administrativa, por dictar arbitrariamente resoluciones y resolverse adjudicaciones al margen de los procedimientos legales de contratación pública; la malversación de caudales públicos, por la disposición irregular e injustificada de fondos públicos insulares y el desvío de ingresos por patrocinios en favor de terceros; el fraude a la administración, por el concierto entre las autoridades públicas y los particulares para defraudar al Cabildo en las contrataciones, y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, especialmente en relación con la intervención del Interventor General en expedientes con interés directo de su esposa.
Entre los procesados figura Inés Miranda Navarro, consejera de Política Territorial y Paisaje, pues es la titular del área con competencia para autorizar y adjudicar los contratos. Firmó las resoluciones de inicio de expedientes, las adjudicaciones de los contratos menores y del procedimiento negociado, la aprobación de los gastos desglosados e instruyó los patrocinios dirigidos a las beneficiarias.
También se dirige la causa contra Rafael Luis Pedrero Manchado, director General de Política Territorial. Era el encargado de elevar los informes de necesidad favorables que justificaban los expedientes. Intervino activamente en el desglose de los conceptos presupuestarios para posibilitar el fraccionamiento contractual y mantuvo contactos previos al expediente con la organizadora real.
El tercer encausado es Víctor Manuel Quevedo Domínguez, director de Desarrollo Estratégico del PIO. Fue designado responsable formal de los contratos de las jornadas. Le correspondía la supervisión de los trabajos y firmó los informes favorables para el abono de las facturas presentadas por las empresas interpuestas.
El papel de Ángeles Horna
Otros implicados, como María Ángeles Horna Andrade, tienen un papel preponderante en la trama. Es la administradora de IMACO89 S.L. y organizadora de hecho de las jornadas. El instructor la señala como la verdadera gestora y beneficiaria económica de la trama. Pese a no figurar formalmente como adjudicataria para ocultar su vínculo matrimonial con el Interventor del Cabildo, diseñaba el evento, contactaba con los ponentes, fijaba precios y coordinaba con los responsables políticos. Percibió la mayor parte de los fondos a través de transferencias de las empresas interpuestas.
Su marido, Juan José Sánchez Arencibia, interventor general del Cabildo, conocía el interés económico directo de su cónyuge en las adjudicaciones, pero no se abstuvo ni formuló reparos en la fiscalización de los gastos. Firmó las obligaciones de gasto, fiscalizó las facturas y facilitó de forma continuada a su esposa información sobre la tramitación y el pago de las mismas.
También está encausado Michel Jorge Millares, administrador del Instituto Canario de Telecomunicaciones SL. Actuó como adjudicatario formal de las tres primeras ediciones de las jornadas (2016-2018), y asumió un papel instrumental para recibir los pagos de la corporación y transferir posteriormente el grueso de las ganancias a la mercantil de María Ángeles Horna.
La última investigada es Mónica del Pino Torres Rodríguez, directora de Yedra Comunicación SL. Recibió la adjudicación formal de la IV edición de las Jornadas (2019) bajo la misma dinámica. Presentó la propuesta en concertación con María Ángeles Horna y desvió la casi totalidad de los fondos percibidos del Cabildo hacia la cuenta de la verdadera organizadora, quedándose con el beneficio del patrocinio.
Tras este auto, la Fiscalía y las defensas disponen de un plazo de 10 días para solicitar formalmente la apertura de juicio oral mediante sus escritos de acusación o, en su caso, el sobreseimiento de la causa.
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