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El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la fachada del Ayuntamiento / AH

La Justicia frena una reclamación millonaria contra Telde: más de 17 millones en juego

El TSJC descarta que el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias deban indemnizar a varias empresas por la anulación del planeamiento de Aguadulce

A. Martínez

El Ayuntamiento de Telde ha evitado, por ahora, tener que afrontar una reclamación de más de 17 millones de euros vinculada a la anulación judicial de un planeamiento urbanístico. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado íntegramente el recurso presentado por varias empresas que reclamaban una indemnización por los perjuicios derivados del desarrollo del sector SUSNO 10-B Aguadulce.

En concreto, las mercantiles pedían 17.038.711,37 euros al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias por gastos relacionados con la compra de suelo, el desarrollo urbanístico, costes financieros e intereses. La sentencia concluye que no se dan los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de las administraciones.

Sin derecho a cobrar

El conflicto parte de la anulación judicial del Plan Parcial de Aguadulce y de otros instrumentos urbanísticos asociados. Las empresas Autos Machín S.L., Inversiones Inmobiliarias Félix Machín S.A., Fepeti S.A. y Femara Telde S.L. consideraban que esa situación les había provocado daños económicos que debían ser compensados.

Sin embargo, el TSJC entiende que parte de los perjuicios reclamados no están suficientemente acreditados, especialmente determinados gastos financieros. La Sala recuerda además que impulsar una actuación urbanística implica asumir determinados riesgos y que la posterior anulación de un planeamiento no genera por sí sola un derecho a recibir una indemnización.

El tribunal no aprecia arbitrariedad

La resolución tampoco aprecia que la Administración actuara de forma arbitraria o manifiestamente ilegal durante la tramitación. Según recoge la sentencia, existieron informes, condicionantes técnicos y otras circunstancias que mostraban la incertidumbre propia de este tipo de procesos urbanísticos.

Por ello, el tribunal desestima íntegramente el recurso y declara conforme a Derecho la actuación administrativa, sin reconocer responsabilidad patrimonial ni al Ayuntamiento de Telde ni al Gobierno de Canarias. Las costas se imponen a las empresas recurrentes, con un máximo de 5.000 euros, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación.

Más de 32 millones reclamados 

El Ayuntamiento sitúa esta sentencia dentro de una serie de procedimientos de elevada cuantía que ha ganado en los últimos meses. Según los datos difundidos por el propio Consistorio, antes de este fallo había afrontado reclamaciones por más de 15,5 millones de euros relacionadas con asuntos como la limpieza municipal, los aparcamientos de San Gregorio, cuestiones urbanísticas, la antigua gasolinera de Las Remudas o el Polideportivo Paco Artiles.

Si se añade ahora la reclamación de Aguadulce, las principales cantidades reclamadas y rechazadas judicialmente de las que ha informado el Ayuntamiento superan los 32,6 millones de euros.

De San Gregorio a Las Remudas

Entre los casos recientes figuran una reclamación de 6,55 millones de euros por los aparcamientos subterráneos de San Gregorio y otra superior a 5,3 millones vinculada al servicio municipal de limpieza.

También fueron rechazadas, según la información municipal, una reclamación urbanística de más de 821.000 euros y otra de 2,48 millones planteada por Repsol por el cierre de la antigua estación de servicio de Las Remudas.

“Más de 17 millones estaban en juego”

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha destacado especialmente la cuantía del último procedimiento. “Estamos hablando del patrimonio de todos los teldenses”, señaló al valorar una resolución que considera relevante para las cuentas municipales.

Por su parte, el concejal de Asesoría Jurídica, Juan Francisco Jiménez, incidió en que “estamos hablando de una reclamación superior a los 17 millones de euros” y vinculó el resultado al trabajo jurídico desarrollado durante el procedimiento. El fallo, no obstante, todavía puede ser recurrido en casación.

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