El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el exalcalde de Santa María de Guía y actual portavoz de Juntos por Guía, Pedro Rodríguez, contra la declaración de compatibilidad del concejal Alejandro Rivero Díaz, aprobada por el Pleno Municipal, y le ha condenado al pago de las costas del proceso, estimadas en unos 3.000 euros.
La sentencia concluye que el recurso partía de una interpretación errónea del acuerdo plenario, al afirmar que a Rivero se le había reconocido una dedicación exclusiva, cuando en realidad se trataba de una dedicación parcial. El fallo judicial respalda la posición del Ayuntamiento, que acusó al demandante de “adulterar” el contenido del acuerdo de compatibilidad.
El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, celebró la resolución como una muestra de que la “estrategia de acoso y derribo, judicial y mediática” impulsada por Rodríguez “empieza a volverse en su contra”. Según el regidor, la sentencia demuestra “la falsedad de sus acusaciones” y anticipa que “esta es tan solo una de las muchas condenas” que podrían llegar, porque “ahora sí ha tocado de frente con la justicia”.
Gonçalves lamentó además “la actitud frívola” del exalcalde, al que acusa de actuar “por intereses personales y no por el bienestar de los vecinos”. En su opinión, este comportamiento ha generado “un perjuicio económico y operativo” para el Ayuntamiento.
“Un primer revés judicial”
El concejal Alejandro Rivero expresó su satisfacción por “este primer revés judicial de Pedro Rodríguez” y confió en que la justicia “vaya resolviendo los distintos contenciosos con los que Juntos por Guía está judicializando la política local”.
Rivero recordó que durante los mandatos de Rodríguez (2015-2019 y 2019-2023), cuando fue alcalde, “nombró el máximo de concejales liberados al 100% que permitía la ley y al resto con dedicaciones parciales”. Considera “llamativo que lo que entonces era legal ahora lo cuestione”.
El edil añadió que Rodríguez solicitó en su demanda que se declarara la incompatibilidad de su trabajo como fisioterapeuta con su cargo de concejal de Servicios Sociales, Mayores y Discapacidad, “olvidando que él también ocupó esas mismas áreas siendo enfermero de profesión”.