El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia que obliga al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) a entregar información clave sobre las presas de Chira y Soria, solicitada por la Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria. Esta decisión se enmarca dentro del derecho de acceso a la información en materia ambiental.

La información requerida incluye datos técnicos esenciales como las valoraciones de seguridad de las presas, informes de inspecciones y estudios específicos realizados en años anteriores.

Documentos fundamentales

Según la Plataforma, estos documentos son fundamentales para entender las implicaciones de los proyectos de adecuación que buscan transformar ambas presas en una Central Hidroeléctrica, un uso para el que no estaban diseñadas originalmente.

El procedimiento judicial comenzó en agosto de 2022, tras la negativa del CIAGC a proporcionar la documentación requerida. Durante el proceso, el Consejo intentó justificar su postura argumentando que algunos de los documentos eran irrelevantes o estaban incompletos, y cuestionó la legitimidad de la Plataforma para acceder a esta información.

Cabe recurso

Sin embargo, el Juzgado dejó claro que la utilidad de los documentos no puede ser motivo para denegar su entrega y que cualquier ciudadano tiene derecho a fiscalizar la actuación de las administraciones públicas.

A pesar de esta victoria judicial, desde la Plataforma advierten que el cumplimiento de la sentencia no será inmediato, ya que cabe recurso, y que podrían ser necesarios nuevos recursos legales para garantizar el acceso a la información.

Las obras, adelante

Asimismo, subrayan que esta decisión no detiene las obras de la Central Hidroeléctrica de Chira-Soria, que continúan según lo previsto.

La sentencia impone además las costas del juicio al CIAGC, reforzando el mensaje de que la transparencia ambiental es un derecho que las administraciones deben garantizar.