El Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Telde ha decidido suspender el desahucio de la familia de Ingenio, previsto para este jueves por la mañana, tras la activación de la alerta por la borrasca Claudia en todo el archipiélago. La medida se comunicó a última hora a la procuradora de la defensa, según confirmó la abogada y activista de Derecho al Techo Isabel Saavedra.

“Nos han llamado del juzgado para informarnos de que se suspende. De momento no tenemos otra fecha, sabemos que la va a haber porque esto es una suspensión in extremis por la alerta que ayer saltó”, explicó Saavedra, que representa a la familia y forma parte de la plataforma Derecho al Techo de Canarias.

La alerta, motivo del aplazamiento

La letrada detalló que la suspensión se concedió tras presentar un escrito de urgencia en el que argumentaban que, si los menores no podían acudir al colegio por el temporal, “evidentemente tampoco podían salir de casa, y menos por un desahucio”.

Para Saavedra, la decisión supone “una pequeña alegría, porque la lucha no ha sido en vano”. Aun así, recordó que se trata solo de un aplazamiento: “Es un respiro, pero hay que seguir trabajando por el derecho a la vivienda. Estas luchas son constantes, no pueden depender de un día o una tormenta.”

La familia, aliviada

El padre de familia, Moisés Macías, expresó su alivio tras conocer la noticia: “Es un respiro y un alivio tremendo. Nos da tiempo para seguir buscando soluciones. Agradezco de corazón a Derecho al Techo, a mi abogada, a la alcaldesa de Ingenio, a mis compañeros de trabajo y a todas las personas que nos han ayudado.”

El progenitor destacó también el apoyo recibido por parte de la empresa en la que trabaja, que le concedió días libres para gestionar la situación. “Gracias a la gente solidaria y a la prensa por el respaldo. Sin ellos habría sido imposible.”

Mantienen la movilización

La plataforma Derecho al Techo continuará acompañando a la familia y ha anunciado que mantendrá su presencia en la zona “para recordar que el derecho a una vivienda digna sigue siendo una deuda pendiente”.

Aunque el aplazamiento ofrece un margen temporal, el colectivo insiste en que la situación no está resuelta y que “las instituciones deben garantizar una alternativa habitacional real y duradera”.