La Guardia Civil ha abierto diligencias para investigar las obras que ejecuta Lopesan en los barrancos de Pasito Blanco y El Toscón, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

La finalidad de los trabajos es nivelar el terreno para hacerlo coincidir con el campo de golf de Meloneras y poder ampliar sus instalaciones, pero el proyecto excede del permiso dado por el Consejo Insular de Aguas, que depende del Cabildo de Gran Canaria, y es el organismo competente para intervenir en las zonas de dominio público hidráulico.

Sin licencia municipal

El problema es que las canalizaciones de los barrancos hechas van más allá de lo acordado y, sobre todo, carecen de autorización municipal previa. Esta es necesaria porque lo ejecutado sobrepasa el dominio hidráulico y se adentra en suelo que es competencia de San Bartolomé y de Costas.

Los trabajos alteran la fisonomía de los barrancos, con rellenos no autorizados de tierra y de piedras, e invaden dos parcelas cedidas al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirana, con la obligación de destinarlas a espacios verdes públicos y jardines de plantas autóctonas.

Cambios en el planeamiento

Esa, al menos, es la planificación urbanística establecida en el Plan Parcial Melonera Golf, que fue aprobado en 2008 por el Cabildo y que ahora Lopesan quiere modificar con estas actuaciones para mejorar su instalación deportiva.

La modificación de ese plan parcial, sin embargo, no está aprobada, y la empresa tampoco dispone de autorización municipal para trabajar en ese suelo, explican fuentes conocedoras de los expedientes.

Senderos cerrados

La única cobertura legal, por tanto, es la del Consejo de Aguas, que sólo permite una actuación en superficie para canalizar los barrancos, no el relleno realizado para ponerlos a la misma altura del campo de golf, cerrando dos accesos públicos para llegar al mar y sepultando parte de un yacimiento arqueológico.

Las obras están paradas desde el pasado 17 de junio por Disciplina Urbanística de San Bartolomé de Tirajana. El Ayuntamiento envió un equipo de tres técnicos para inspeccionar la zona sobre el terreno, tras recibir quejas de varios vecinos por el cierre de los dos accesos públicos a la playa de El Hornillo.

Áridos de otra obra

Al llegar a la zona, los técnicos se encontraron con un inspector de Costas que había verificado la desaparición de las dos servidumbres públicas para bajar a la playa, entre otras irregularidades, como el vertido de grandes cantidades de áridos procedentes de otra obra de Lopesan, una extracción y uso posterior para el que tampoco tienen permiso municipal.

Uno de los dos senderos, además, está totalmente colmatado por un dique construido a base de grandes piedras colocadas en cascada, lo cual hace inviable llegar a la costa por ese camino. Ese muro es parte de la canalización realizada en uno de los barrancos.

Sanciones

Distintas fuentes confirman que tanto el Ayuntamiento como Costas han abierto expedientes sancionadores, al tiempo que trabajan en la elaboración de los informes solicitados por la Guardia Civil, cuya unidad del Seprona trata de verificar si las obras se pueden legalizar o no, entre otras irregularidades, como el posible daño al patrimonio público.

El artículo 319 del Código Penal, que regula los delitos contra el territorio y el urbanismo, es claro en ese sentido, pues castiga con penas de cárcel, multa e inhabilitación "a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección".

La clave

El alcance de la investigación de la Guardia Civil, por tanto, dependerá de si las obras que afectan a las parcelas verdes de San Bartolomé de Tirajana son o no autorizables conforme al planeamiento vigente.

Hasta la fecha, la ejecución del proyecto sigue paralizada por los técnicos municipales, señal de que no existe licencia urbanística habilitante y, sobre todo, de que concederla ahora resulta complicado, precisamente porque los rellenos de los dos barrancos contravienen lo establecido en el Plan Parcial Meloneras Golf.