El Ayuntamiento de Mogán ha recurrido al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para respaldar su intento de defender ante el Tribunal Supremo la tasa turística de 15 céntimos por persona y noche. Según ha publicado Canarias Ahora, el encargo se realizó a través de la empresa pública Gestiona Mogán y la Junta de Gobierno abordó el miércoles 4 de noviembre la decisión de ejercer acciones judiciales.
El dictamen considera que existen argumentos para recurrir, aunque reconoce dificultades para superar la admisión. La información publicada no concreta el importe del contrato.
La ordenanza anulada
El conflicto tiene su origen en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que estimó el recurso de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas contra la ordenanza municipal.
El tribunal cuestionó la definición de los servicios que justificaban el cobro y su relación con quienes debían pagarlo. Según los fundamentos recogidos en la información judicial, la norma utilizaba conceptos generales que impedían identificar con suficiente precisión qué prestación recibía el contribuyente.
La discusión afecta a la naturaleza del gravamen: si constituye una tasa por servicios concretos o si, por su configuración, funciona como un impuesto general sobre las estancias turísticas.
La ordenanza fijaba el pago de 0,15 euros por pernoctación y día para las personas alojadas en establecimientos turísticos. Los propietarios figuraban como sustitutos del contribuyente, encargados de ingresar el tributo.
La posición municipal
La alcaldesa, Onalia Bueno, ya anunció en julio la intención de acudir al Supremo. Entonces defendió que el Ayuntamiento tenía capacidad para regular el cobro y rechazó que la finalidad de la medida fuera gravar al visitante por el mero hecho de alojarse en el municipio.
El Gobierno local vinculó la recaudación a servicios relacionados con la sostenibilidad del destino y mantuvo que estaban suficientemente justificados. También sostuvo que la tasa seguiría vigente hasta que hubiera una sentencia firme.
En aquella comparecencia, el Ayuntamiento cifró en alrededor de 1,4 millones de euros lo recaudado y aseguró que el dinero permanecería congelado mientras se resolvía el conflicto. Esa cantidad corresponde al balance comunicado en julio, no a una actualización de ingresos de noviembre.
Una decisión pendiente
El recurso pretende que el Supremo revise la interpretación que sustenta la anulación. La contratación del asesoramiento y la decisión municipal de recurrir constituyen pasos de esa defensa, pero todavía no permiten anticipar el resultado judicial.
El siguiente hito será conocer si el asunto supera la admisión y, en su caso, cómo resuelve el tribunal la controversia sobre el alcance de la ordenanza.
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