Imagen de una zona de San Bartolomé de Tirajana / TURISMO DE ESPAÑA
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Una nueva ordenanza busca aclarar qué apartamentos turísticos pueden tener uso residencial en el sur de Gran Canaria

La normativa distinguirá entre usos residenciales conformes al planeamiento, consolidados legalmente y fuera de ordenación, según las circunstancias de cada inmueble

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El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevará este jueves, 29 de octubre, al pleno municipal una ordenanza para aclarar la situación legal de los apartamentos y bungalós que se utilizan como viviendas en las zonas turísticas del municipio. La normativa permitirá a los propietarios solicitar un certificado que acredite el régimen jurídico de su inmueble, con el objetivo de dar respuesta a una problemática que afecta desde hace décadas a numerosos residentes del sur de Gran Canaria.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la iniciativa busca establecer reglas claras para determinar qué usos residenciales están permitidos, cuáles se encuentran legalmente consolidados y cuáles están fuera de ordenación, teniendo en cuenta la antigüedad de cada vivienda y la legislación aplicable.

Tres situaciones legales para las viviendas

La ordenanza distinguirá tres categorías jurídicas: los usos residenciales conformes al planeamiento urbanístico, aquellos que se encuentran en situación legal de consolidación y los que están fuera de ordenación. Para determinar a qué categoría pertenece cada inmueble, el Ayuntamiento tendrá en cuenta cuándo comenzó a utilizarse como vivienda, si contaba con autorización y qué normativa estaba vigente en ese momento.

Entre las principales referencias figuran el Plan General de Ordenación Urbana de 1996, la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias de 2013 y la Ley del Suelo de Canarias de 2017. El documento establece que los usos residenciales existentes antes de la entrada en vigor del deber de uso turístico de 2013 mantendrán el régimen jurídico que les correspondía anteriormente. También contempla las situaciones de consolidación previstas en la legislación urbanística.

La responsable municipal Davinia Ramírez ha explicado que “esta ordenanza reconoce una realidad: muchos apartamentos y bungalós se utilizan como viviendas desde hace décadas. Ahora establecemos unas reglas claras para determinar qué situación legal corresponde a cada inmueble y cuáles son los derechos de sus propietarios”.

Alejandro Marichal durante la manifestación de la PALT en abril 2023 / AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
Alejandro Marichal durante la manifestación de la PALT en abril 2023 / AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Un certificado municipal para acreditar el uso residencial

Una de las principales novedades es la posibilidad de que los propietarios soliciten un certificado oficial que identifique la situación jurídica del uso residencial de su apartamento o bungaló. Para emitirlo, los servicios municipales podrán revisar escrituras, licencias, datos del Registro de la Propiedad y del Catastro, certificados de empadronamiento, contratos y suministros, entre otros documentos que permitan acreditar el uso residencial del inmueble.

La ordenanza contempla un plazo de un mes para expedir el certificado desde su solicitud, conforme al procedimiento establecido. El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha defendido que esta medida permitirá a los propietarios conocer y acreditar sus derechos después de años de incertidumbre.

Más de 17.500 residentes en las zonas turísticas

La problemática tiene especial relevancia en el litoral de San Bartolomé de Tirajana, donde conviven desde hace décadas los usos turísticos y residenciales. Según los datos recogidos en un acuerdo plenario de junio de 2024, 17.536 personas estaban empadronadas en diferentes núcleos turísticos del municipio, entre ellos Playa del Inglés, Sonnenland, Campo Internacional, Meloneras, San Agustín, Bahía Feliz y Playa del Águila. El Ayuntamiento aclara que esta cifra no significa que todos esos residentes estén afectados por los conflictos jurídicos que pretende abordar la ordenanza.

La normativa deberá superar su tramitación legal y publicarse oficialmente antes de entrar en vigor. Por otra parte, la futura especialización urbanística de los usos residenciales y turísticos se abordará mediante el Plan de Modernización de Maspalomas-Costa Canaria o, en su defecto, a través del planeamiento general.

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