La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha elevado el pulso con Puertos Canarios y ha pedido formalmente el cese de dos de sus máximos responsables. La regidora remitió el pasado 2 de octubre sendas cartas al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y al presidente de Puertos Canarios, Pablo González, para solicitar la destitución de José Gilberto Moreno García, director gerente, y de Enrique Wiot Benavides, secretario del Consejo de Administración y director administrativo del ente.
Bueno sostiene que ambos han mantenido durante años una actuación perjudicial para los intereses del Ayuntamiento de Mogán en los expedientes relacionados con el Puerto Deportivo de Puerto Rico y el Puerto de Mogán.
El origen del conflicto
La petición llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechazara los argumentos con los que Puertos Canarios trató de apartar al Ayuntamiento de Mogán del procedimiento judicial relacionado con la concesión del Puerto Deportivo de Puerto Rico.
La resolución reconoció la legitimación del Consistorio para intervenir, algo que el Ayuntamiento venía defendiendo desde el inicio. A partir de ahí, Bueno considera que la sentencia desmonta la estrategia seguida por Puertos Canarios y refuerza la posición municipal en un asunto con efectos directos sobre el urbanismo, la movilidad, la seguridad, la actividad turística, el medio ambiente y el uso público del entorno portuario.
Años de reproches entre ambas administraciones
La alcaldesa acusa a Puertos Canarios de haber negado reiteradamente la participación del Ayuntamiento en expedientes que afectan al municipio, además de dificultar el acceso a información y documentación. También sostiene que el ente público habría favorecido la tramitación de solicitudes impulsadas por concesionarias privadas frente a los intereses defendidos por el Consistorio.
Bueno también reprocha al ente público una supuesta falta de respuesta ante las denuncias municipales sobre posibles incumplimientos de las concesionarias en materia de mantenimiento y conservación de las instalaciones. Además, cuestiona que determinados procedimientos hayan seguido adelante pese a advertencias y requerimientos realizados para analizar posibles irregularidades administrativas. Para la alcaldesa, el conjunto de estas actuaciones ha terminado generando una pérdida de confianza política e institucional en los responsables de Puertos Canarios.
Del reproche público a la petición formal de cese
La petición remitida ahora a Clavijo y a Pablo González formaliza una exigencia que Bueno ya había realizado públicamente el 25 de septiembre. La regidora entiende que la sentencia del TSJC marca un antes y un después en el conflicto y considera que quienes defendieron la estrategia jurídica seguida hasta ahora no deben continuar al frente del ente público.
“La Justicia ha tenido que reconocer un derecho que Puertos Canarios ha tratado de negar durante años al Ayuntamiento de Mogán”, sostiene Bueno. El enfrentamiento entra así en una nueva fase: ya no se limita a la discusión sobre las concesiones de los puertos deportivos, sino que alcanza directamente a la continuidad de dos de los principales responsables de Puertos Canarios.
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