Onalia Bueno ha lanzado un pulso político a Coalición Canaria (CC). La alcaldesa de Mogán ha reclamado este viernes el cese del director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno y del secretario y responsable de los asuntos jurídicos de la entidad, Enrique Wiot.
La petición llega después de la sentencia dictada el pasado 10 de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el Puerto Deportivo de Puerto Rico.
La resolución, según expone Bueno, reconoce el derecho del Ayuntamiento de Mogán a intervenir en el procedimiento relacionado con la explotación del puerto y rechaza la tesis defendida por Puertos Canarios para dejar fuera al Consistorio. La alcaldesa sostiene que el fallo supone un "severo correctivo" a la actuación del ente público.
Interés municipal
Según la sentencia citada por el Ayuntamiento, el Consistorio tiene un interés legítimo e institucional propio en todo lo relacionado con la explotación del Puerto Deportivo de Puerto Rico. La resolución considera que esta actividad incide directamente en competencias municipales como la ordenación urbanística, la movilidad, la seguridad, la actividad económica y turística, las licencias, la protección ambiental, el litoral y el uso público.
Bueno considera especialmente grave que Puertos Canarios defendiera ante los tribunales que el Ayuntamiento carecía de legitimación activa para defender los intereses de los vecinos de Mogán en una infraestructura situada dentro del término municipal. La alcaldesa sostiene que la sentencia reconoce expresamente que el Consistorio puede defender que la explotación del puerto se ajuste a las condiciones concesionales, el uso público y las potestades municipales.
"La Justicia ha dejado en evidencia a Puertos Canarios", ha afirmado Bueno, que considera "inaceptable que una entidad pública que debe velar por el interés general dedique recursos públicos a intentar impedir que este Ayuntamiento defendiera los intereses del municipio".
Cambio de posición
La alcaldesa también ha cuestionado la actuación de Puertos Canarios respecto a la prórroga de la concesión del Puerto Deportivo de Puerto Rico. Según Bueno, el ente público defendió durante años que esa prórroga no procedía y mantuvo esa posición en los procedimientos abiertos frente a Puerto Rico S.A.
La propia sentencia, según recoge la nota, señala que la concesionaria acudió a los tribunales para combatir las decisiones adoptadas por Puertos Canarios sobre la prórroga de la concesión. Sin embargo, Bueno sostiene que posteriormente el ente público ha adoptado una posición diferente que, en la práctica, favorecería la continuidad de la concesionaria privada.
La alcaldesa asegura que la Sala advierte de una "contradicción apreciable" en la actuación procesal de Puertos Canarios y llama la atención sobre el cambio de posición mantenido por el ente público en relación con este asunto.
"Primero defendieron que no procedía la prórroga. Después intentaron expulsar al Ayuntamiento del procedimiento. Y ahora todo parece orientado a facilitar que la gestión continúe en manos de la misma empresa privada. Son demasiadas contradicciones para una administración pública que tiene la obligación de actuar con objetividad y exclusivamente al servicio del interés general", ha reclamado Bueno.
Otro frente
La alcaldesa considera que lo ocurrido con el Puerto Deportivo de Puerto Rico no constituye un episodio aislado y sostiene que un esquema similar se está produciendo actualmente en el expediente relativo a la solicitud de prórroga del Puerto de Mogán.
Según la nota, Puertos Canarios inadmitió la solicitud de prórroga presentada por el Ayuntamiento de Mogán, mientras continúa tramitando la promovida por una entidad privada, Puerto de Mogán S.A. Bueno cuestiona esta decisión y sostiene que la concesión del Puerto de Mogán fue otorgada al Ayuntamiento mediante Orden Ministerial de 27 de febrero de 1981.
La alcaldesa defiende que el Ayuntamiento de Mogán, como titular originario de la concesión y garante de los intereses públicos vinculados a ella, es la institución legitimada para promover una eventual prórroga. A su juicio, la situación reproduce las dificultades que, según sostiene, tuvo el Consistorio para que se reconociera su posición jurídica en el caso del Puerto Rico.
"Parece evidente es que existe una enorme sensibilidad para proteger los intereses de determinadas empresas privadas y una enorme resistencia cuando quien reclama participar es una administración pública elegida", ha manifestado Bueno.
"Depurar responsabilidades"
A juicio de la alcaldesa, la sentencia del TSJC obliga a depurar responsabilidades dentro de Puertos Canarios. Por ello, reclama el cese del director gerente, José Gilberto Moreno, y del secretario y responsable de los asuntos jurídicos, Enrique Wiot.
"No basta con que los tribunales corrijan a Puertos Canarios. Alguien tiene que responder por haber intentado negar al Ayuntamiento de Mogán un derecho que ahora la Justicia reconoce de forma rotunda. Quienes impulsaron y defendieron esta estrategia no pueden seguir al frente de una entidad pública como si nada hubiera ocurrido", ha afirmado Bueno.
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