El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le ha dado la razón al Ayuntamiento de Mogán en su pleito con el Cabildo de Gran Canaria, al desestimar el recurso de apelación presentado por la entidad insular y confirmar que la exclusión del municipio moganero y San Mateo de la convocatoria 2023-2027 del Fdcan vulneró el principio de igualdad.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha celebrado el fallo a su favor y ha reiterado que el motivo del rechazo a su municipio dentro de este reparto se debe a “cuestiones políticas”. Una vez la sentencia sea firme, el Ayuntamiento reclamará al Cabildo una compensación económica derivada de esta exclusión que estiman que alcanza los 3.356.114,45 euros.
Vulneración de la igualdad
Según la sentencia, el Cabildo de Gran Canaria actuó de forma “unilateral y antijurídica”, vulnerando el principio de igualdad al excluir a Mogán y San Mateo del reparto de los fondos en la convocatoria 2023-2027 del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).
El fallo critica que la corporación insular diseñara el programa limitando la participación de estos dos municipios, que en la primera convocatoria de los fondos (2016-2019) presentaron sus propios proyectos al Gobierno de Canarias — opción posible en aquel momento —, en lugar de hacerlo bajo el paraguas del Cabildo.
En esta segunda convocatoria, la vía de ir por cuenta propia quedó suprimida, y el Cabildo solo invitó a participar a los 19 municipios que se alinearon con él desde un principio, dejando fuera a Mogán sin darle la oportunidad de presentar proyectos, a pesar de que el ayuntamiento llegó a enviar 17 escritos a diversas instituciones manifestando su voluntad de participar.
Una exclusión “caprichosa y partidista”
La regidora de Mogán calificó la actuación del Cabildo como una “penalización” motivada por razones políticas — a lo que el juez le ha dado la razón — y personales. “El señor Morales y compañía actuaron de forma caprichosa, partidista y sectaria. Nos castigaron por no entrar bajo su paraguas y aliarnos a CC en la primera convocatoria, como critican ellos”, ha declarado en rueda de prensa junto al concejal de Hacienda, Ernesto Hernández.
“El presidente Antonio Morales tiene que gobernar para todos los grancanarios y dejar de lado la política rancia. La sentencia es clara: se ha discriminado al Ayuntamiento de Mogán al privarle de unos fondos a los que tenía derecho”, ha sentenciado Bueno.
Más de tres millones de euros
El fallo, no obstante, tiene límites prácticos: si bien anula el acuerdo del Cabildo por ser contrario a derecho, no puede obligar a rehacer la convocatoria, pues la misma dependía del Gobierno de Canarias y sus plazos ya están vencidos. Por ello, el juez desestima la petición de Mogán de reabrir el proceso y de obligar a elaborar un nuevo programa con su participación.
Sin embargo, la sentencia deja abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento de Mogán reclame indemnización por daños y perjuicios al Cabildo por esta exclusión ilegal. El consistorio estima que le corresponderían al menos 3 millones de euros, tomando como referencia criterios de población similares a municipios como Gáldar.
Bueno ha instado al presidente insular, Antonio Morales, "a que se siente con el Ayuntamiento de Mogán para redefinir las cantidades y que los moganeros y los vegueros tengan las mismas posibilidades que el resto de los grancanarios", pues “no es posible que los intereses ciudadanos estén a merced de cuestiones meramente políticas".
Recurrir la sentencia
La alcaldesa ha advertido también que espera que el Cabildo recurra esta sentencia en casación ante el Supremo, pero que confía en que le volverá a dar la razón. Ello porque, a juicio de la alcaldesa de Mogán, los servicios jurídicos de la corporación insular "no tienen base jurídica alguna" para defender su posición.
“Prolongar este proceso con recursos públicos solo servirá para alargar el castigo político a nuestros ciudadanos, quienes podrían no ver ese dinero hasta 2028”, ha concluido Bueno, haciendo hincapié en que se trata de una cuestión de justicia.