El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el Plan Insular de Ordenación (PIO) como un "varapalo judicial y político en toda regla" para el ejecutivo de Antonio Morales. Los populares sostienen que este fallo compromete seriamente el futuro socioeconómico de la isla al invalidar el instrumento que marca los usos del territorio y la base del desarrollo turístico y ambiental.
Desde la formación conservadora se recuerda que el Partido Popular se abstuvo en la votación de este documento en diciembre de 2022. El grupo de la oposición argumenta que es de "sentido común" que la revisión del PIO debió adaptarse a la Ley del Suelo de 2017 y no a una normativa que ya había sido derogada casi en su totalidad al momento de su aprobación definitiva. En este sentido, denuncian que el gobierno insular dispuso de un plazo de casi cinco años para realizar dicha adaptación legal y no lo hizo.
Críticas a la gestión y a la reacción
El Partido Popular ha criticado con dureza la actitud de Antonio Morales tras conocerse el fallo, señalando que la respuesta del Cabildo no puede consistir en arremeter contra el tribunal porque la sentencia sea desfavorable. Para los populares, esta reacción busca "sacudirse la responsabilidad" y desviar la atención sobre lo que consideran una gestión deficiente del planeamiento insular.
Asimismo, el comunicado del PP subraya que, a pesar de la importancia del documento ahora anulado, el gobierno de Morales lo ha mantenido "guardado en un cajón". La oposición asegura que la institución ha sido incapaz de poner en marcha las medidas del plan de actuaciones ni de promover la comisión de impulso prevista. Por ello, instan al presidente a analizar las consecuencias del fallo con serenidad y a ser escrupuloso con la legalidad vigente anteponiendo el interés general.