Miguel Ángel Pérez del Pino es el secretario de Transportes y Movilidad en el PSOE de Gran Canaria. Desde hace tiempo ha defendido la solución que, bajo su punto de vista, es la adecuada para que el servicio interinsular de guaguas mejore: crear una empresa pública que esté dirigida por el Cabildo Insular para no depender de darle una concesión a empresas privadas como se ha hecho hasta el momento.
Entre 2019 y 2023 fue el consejero de Transportes en el grupo de Gobierno de la Isla —área que ahora está en manos de Nueva Canarias (NC) con Teodoro Sosa al frente—. Asegura que cuando llegó al cargo tuvo que sacar a flote la situación de las empresas —Global, Gumidafe, Sosa y Guzmán o Telbus— porque padecían un déficit importante, pero cree que es importante plantearse un cambio en el modelo de gestión.
La concesión a las entidades caducará en 2027, un año que está a la vuelta de la esquina, por lo que Pérez del Pino pone sobre la mesa durante una entrevista concedida a Atlántico Hoy que se debe empezar a trabajar lo antes posible para llegar a tiempo. Además, insiste en una idea: su propuesta no es comprar Global.
[Pregunta] Esta mañana, mientras venía a la oficina en la línea 80 de Global, muchos pasajeros se quedaban en tierra porque no cabía un alma más (y eso que a primera hora tiene un buen refuerzo). Además, como publicó este periódico, los chóferes no pueden más. ¿El transporte público de Gran Canaria corre peligro?
[Respuesta] El transporte no corre peligro, pero sí la calidad del servicio. Esto que te cuento lo puedes ver en una publicación que hice en la red social X —antes Twitter— en noviembre de 2022. Nadie puede decir que yo estoy en contra de la gratuidad, todo lo contrario. Cuando empecé a bajar el precio de los bonos en el 2017 me llamaron loco. Recuerdo un pleno en el Cabildo donde la derecha me decía que estaba como una cabra.
¿El tiempo le ha dado la razón?
Bajar el precio es necesario para que la gente acceda al transporte. Pero hay que atender a una serie de parámetros previos, porque bajar el precio no es la solución unitariamente. Tiene que ir acompañado de otras medidas. Nosotros, cuando hicimos la primera bajada del bono joven, analizamos tres escenarios. Sabíamos que se iba a producir un efecto llamada.
¿Qué los llevó a tomar la decisión?
A mí me vinieron varias familias al despacho en el año 2017, en una época de crisis bastante complicada, porque eran incapaces de pagar el coste del transporte junto con las matrículas de la universidad a una serie de alumnos que vivían en el sur de Gran Canaria. Cuando uno se plantea esto dice: "Oye, pues esta gente tiene razón". Estamos impidiendo que reciban un servicio esencial como es la educación porque no pueden llegar a su lugar de estudio.
Hábleme del proceso.
Nos preguntamos cuánta gente podía incorporarse al servicio de guaguas. Porque si bajamos el precio, más gente la cogerá. Nos centramos en plantear lo siguiente: ¿cuánto se va a comer el bono nuevo en relación a lo que había antes? En aquel momento, estimamos 15.000 personas nuevas en el mes de septiembre y al final fueron 45.000.
¿Cómo se enfrenta una situación así?
Lo hicimos de una manera lo suficientemente controlada porque para poder incorporar presupuesto me resulta más fácil que en un año vigente. La razón es que así ya sé lo que no estoy ejecutando y lo puedo reutilizar porque la previsión mensual es más corta. Entonces, las cantidades que voy a tener que aportar son menores.
¿Al final qué pasó?
Hicimos una previsión, lo adecuamos al año siguiente y se estabilizó. Si tú bajas el precio, pero no eres capaz de prestar el servicio en condiciones de calidad y de frecuencia, tienes un problema. Lo que estás consiguiendo es destrozarlo.
Cada día que pasa, el año 2027 está más cerca y con él llegarán los trámites para una nueva concesión del transporte interinsular en Gran Canaria. ¿A qué se arriesgan las empresas que prestan el servicio a día de hoy como, por ejemplo, Global?
Primero se debe tener claro que ya no será una concesión. Las concesiones vigentes vienen de los años 50 y se han ido prorrogando en el tiempo para establecer un carácter monopolístico en determinadas zonas de la Isla. Es decir, Global opera en los sectores interurbanos; Gumidafe en la zona de Guía-Gáldar; Guzmán Sosa en Gáldar; y Telbus en el municipio de Telde.
Han pasado unos 70 años, pero una de sus mayores polémicas es actual.
Esas concesiones les establece una zona del mapa que son para su ejecución del servicio. Con la entrada en vigor de la normativa europea y la disposición de la directiva al respecto, tienen que salir como contratos públicos de gestión de servicio público. ¿Qué ocurre? En el modelo, tal y como lo han dejado hoy [desde el 2023 en adelante], no hay dinero suficiente para pagar las subvenciones al viajero.
Los cimientos tampoco parece que estén mucho mejor.
No hay dinero suficiente para incorporar chóferes, guaguas y servicios auxiliares que necesitas para que todo funcione. También talleres, limpieza o seguridad. Te vas a enfrentar a un servicio en el que tienes que hacer un estudio económico y debes realizarlo con valores de realidad.
¿A qué se refiere?
Los servicios públicos son para prestar servicio. Parece algo muy evidente, pero la gente confunde prestar servicios con obtener beneficios.
Que se obtienen.
A día de hoy, Global, igual que las otras cinco operadoras, tiene un beneficio industrial tasado en un 6%. Como todas las empresas, vienen a ganar dinero. La propuesta que nosotros hacemos desde el PSOE es que si se sabe quiénes son los chóferes y las guaguas las ha pagado el Cabildo de Gran Canaria, ¿qué se puede ahorrar para prestar el servicio en mejores condiciones?
¿Qué haría usted?
Si me ahorro el 6% de beneficio, que lo estoy calculando sobre el gasto; y yo contrato a esos chóferes en las mismas condiciones que tengo a día de hoy con el mismo dinero, lo único que te falta son las cocheras. Algunas son propiedad Global y otras están en alquiler. Pero ahora se están pagando mensualmente a través del abono mensual todas las operadoras.
No solo hablamos de Global, sino también de Gumidafe, de Telbus y de la Pardilla. Hablamos de los servicios públicos que prestan esas compañías privadas. Yo no quiero comprar Global, la propuesta del PSOE es que la plantilla de esas empresas sean convertidas en personal público dentro de una sociedad mercantil del Cabildo, debajo de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC).
A principios de 2024 se formalizó la compra de 1844 (Canarybus) por parte de Alsa, un gigante del transporte en la Península. Además, Gumidafe es suya desde 2019. Hasta el momento han mantenido perfil bajo, pero están ahí y no parece que tengan intención de marcharse. ¿Su propuesta tiene algo que ver con la posible llegada de grandes empresas como esta que pongan en jaque a Global? ¿Se le han empezado a ver las orejas al lobo?
No. La propuesta del PSOE es que la movilidad de Gran Canaria sea un servicio público esencial y así lo dice nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). Además, si el transporte se equipara en el Estatuto de Autonomía a servicios como la educación o sanidad públicas, ¿por qué lo consideramos una entidad que puede ser externalizada?
De momento no han existido demasiados problemas.
Hasta hoy lo ha sido en unos términos donde no ha habido sobresaltos en los servicios. Tú hoy con cualquier operadora de Gran Canaria tienes un exceso de gasto, imagínate que tienes que abrir otra línea o poner una guagua nueva y puedes acogerte, como entidad pública, al concepto del déficit. Se le puede generar déficit a la operadora que le pagaré en ejercicios sucesivos.
¿Eso cambiará?
A partir de 2027 eso no puede ser así porque la ley lo que dice en esa trasposición de la Ley Europea es que el servicio, al ser público, se traspone al usuario. Para empezar, el transporte en Gran Canaria está 100% subvencionado, lo cual deja ver un choque de identidades.
¿Influyen otros factores?
En segundo lugar, si le pides cualquier refuerzo a la compañía que no esté estimado, puede decir: "Mire, yo no lo puedo hacer, no está en mi contrato, haga usted un modificado." La modificación de los contratos, desde el punto de vista administrativo, es lenta y compleja jurídicamente hablando. Se necesita flexibilidad en el transporte. Si te fijas, las principales ciudades españolas tienen transporte 100% público, gestionado desde lo público.
¿El transporte público de la Isla está desfasado?
No está desfasado, va camino de una liberalización que no es acorde a las necesidades que necesita Gran Canaria. Podríamos plantearnos que se privatice de esa manera el servicio, por ejemplo, para desbrozar las carreteras. Lo puedo entender, pero el transporte público necesita ser ejecutivo en las decisiones. Y cada vez más si la intención es reforzar las medidas contra el cambio climático y la sostenibilidad.
Es un asunto transversal.
La movilidad es una política social completamente esencial también. Se ha convertido en una necesidad, no puedes vivir encerrado en tu casa en Tejeda. Te tienes que mover para ir a trabajar, al médico o al colegio. Si todas las condiciones son públicas, excepto la herramienta, ¿por qué no comprar la herramienta y hacerla pública?
De momento, en 2027 pueden surgir empresas interesadas.
Sobre lo de Alsa, esto es un tema de oportunidad política y la gente no puede olvidar que las decisiones políticas se toman en las entidades públicas. Las empresas privadas generan negocio para obtener beneficio, pero nuestra responsabilidad es velar por los intereses públicos de los ciudadanos de Gran Canaria.
¿Cuál es la clave?
La mejor solución para mantener un transporte estable y moderno es hacerlo con gestión directa. Imagínate que llega el momento en el que un operador privado te diga que las zonas de interior de Gran Canaria no son rentables para prestar el servicio de transporte. ¿Cuál sería a ser el resultado?
¿Eso podría pasar?
Si buscamos solo el beneficio en las operaciones, ¿por qué mantenemos el transporte público a Valleseco? Si lo usan dos personas. Es un ejemplo un poco exacerbado, pero tú no puedes pretender montar servicios públicos desde el punto de vista del beneficio, hay que hacerlo pensando en el servicio.
La ciudad de Manchester (Inglaterra) tiene una población parecida a Gran Canaria y hace dos meses ha recuperado el transporte público igual que nosotros estamos proponiendo. Lo hizo porque le está generando gasto, porque es un follón para tomar decisiones y se le ponen en huelga los trabajadores.
Entonces el foco no debe estar en si pueden llegar empresas como Alsa, sino en cómo se va a gestionar.
Exacto, la verdadera pregunta de todo este tema es: ¿usted qué forma de gestión quiere para el transporte? ¿Pública o privada? Si es la primera opción, ¿cuáles son sus condiciones para el mantenimiento de las condiciones laborales y de las infraestructuras? O, de lo contrario, ¿cuáles serían las condiciones si fuera privada?.
En ese caso, ¿qué se debería tener en cuenta?
Cuando debas tomar alguna decisión en la cuestión privada vas a tener que enfrentarte a retrasos administrativos por modificaciones de contrato y a costes que a lo mejor no tienes presupuestados.
Si se trata de una cuestión tan técnica, ¿por qué desde Nueva Canarias (NC) lo han acusado de tener intereses partidistas con su propuesta para el transporte público?
Yo respeto profundamente a Antonio [Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria]. Creo que tiene una capacidad política importante, yo he gobernado con él y lo conozco personalmente. Respeto su punto de vista habitualmente, pero es que en este caso no sé cuál es.
¿Qué es lo que más le preocupa?
Yo no formo parte del Cabildo, pero soy secretario de Transporte del del PSOE de Gran Canaria. Mi función orgánica es decidir qué posición política toma mi partido en este tipo de cuestiones. Aunque no soy un experto en transporte, durante años me tuve que enfrentar a cómo estabilizar el servicio. Cuando llegué había 16 millones de déficit y cuando me fui lo dejé con cuatro de superávit.
¿Debería posicionarse con más claridad el grupo de gobierno?
Morales no ha dado una visión del modelo que quiere y él sabrá por qué, yo ahí no voy a entrar, pero sí tengo claro la visión que tiene mi partido. Y te digo más: estamos en 2025, todo lo que no iniciemos este año no llegará a 2027, más en un tema tan complejo como este. Estamos hablando de casi 100 millones de euros al año que, al sumarle los 10 años de contrato que buscaría una entidad privada, se irían a 1.000 millones. Es una barbaridad.
El actual consejero de Movilidad de Gran Canaria, Teodoro Sosa, lidera un movimiento para abandonar NC y parece que ha hecho buenas migas con CC. ¿Puede afectar de alguna manera a las decisiones que se toman sobre el transporte en la Isla?
Te voy a ser muy sincero. Yo, al contrario de lo que ha hecho el señor Teodoro Sosa, no me voy a meter a opinar sobre sus decisiones políticas. Él se ha permitido hablar sobre las mías, pero yo soy respetuoso con las acciones políticas de los demás. Sí te puedo decir que yo difiero profundamente con el modelo de gestión que Coalición Canaria tiene en el Gobierno autonómico en Transportes.
¿Por qué?
El transporte no puede ser una cosa baladí con el que simplemente te limites a pedir dinero o quitarlo. Hay que conocer el transporte en las islas, las deficiencias que tiene. Una persona puede tener un cargo, pero no tiene por qué saber lo que tiene en las manos. Al final, el desconocimiento, con todos mis respetos hacia las personas que lo ejecutan, provoca daño.
¿Hasta qué punto?
Lo estamos viendo hoy con la gratuidad. Avisé hace dos años de que las cantidades a negociar eran insuficientes y de loco para arriba me dijeron de todo. La realidad ahora es que son absolutamente insuficientes. Si no metes más chóferes y más guaguas, esto explota. Estás creando la catástrofe. Hay que escuchar de vez en cuando al que te recomienda algo y después tomas la decisión que te dé la gana.
Usted fue consejero de Transportes en el mandato anterior. ¿Tuvo dificultades para proponer la medida que pide ahora o las circunstancias lo han hecho cambiar de opinión?
Nuestro primer hándicap era conseguir estabilizar económicamente a las empresas. Estaban en absoluto déficit, entre 2008 y 2016 solo se compró una guagua en Gran Canaria. La idea siempre fue que si la entidad privada no es capaz de gestionarlo, habrá que meterlo en lo público. Nuestro primer requisito era estabilizar antes el transporte. Ahora bien, no es necesario comprar ninguna empresa, yo quiero prestar un servicio.
¿Se afiliaron 39 trabajadores de Global al PSOE para frenar a Augusto Hidalgo?
Evidentemente no. A día de hoy me planteo: primero, ¿por qué se habla de un asunto que es estrictamente personal? Segundo, ¿por qué saben que son 39? Porque yo todavía no sé cuántos son. Tercero, el PSOE es un partido completamente democrático en este sentido. Y cuarto, si hubiera sido así, esas personas no podrían votar hasta dentro de seis meses.
¿No tienen entonces relación ambos temas?
¿Qué tiene que ver Augusto Hidalgo con el hecho de que Global y el resto de operadoras puedan ceder a sus trabajadores para una empresa pública? Alguien ha intentado montar un hilo conductor, un relato de algo que la gente pueda comprar fácilmente.