El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado hoy la “total falta de transparencia” en el Consorcio de Viviendas, que también preside Antonio Morales, al negarse a facilitar la documentación solicitada desde hace meses por el principal grupo de la oposición relativa a las actas de las reuniones de los consejos de dirección y ejecutivo celebrados en los últimos dos años, así como información organizativa, económico-financiera y contractual del organismo autónomo.

El PP califica de “auténtico escándalo” que el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria acumule sin aprobar ni publicar en su portal web 23 actas de todos los consejos celebrados –donde los grupos de la oposición no cuentan con representación– en el actual mandato. La última acta aprobada data del 24 de mayo de 2023, cuando se celebró sesión ordinaria del Consejo de Dirección.

"Obstaculizar la gestión"

Según los populares, “este retraso no es circunstancial sino que responde a una estrategia de oscurantismo perfectamente diseñada para obstaculizar la fiscalización de los grupos de la oposición y, al mismo tiempo, tapar la falta de gestión en un organismo prácticamente paralizado pese al grave problema de vivienda que existe en la isla de Gran Canaria”.

Ante tal situación, y al amparo de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, el Grupo Popular interpuso reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, que dictó resolución estimatoria y requirió al Cabildo la entrega de toda la documentación demandada, además de instar a la institución insular a agilizar los procedimientos de tramitación de solicitudes de acceso a la información pública.

Déficit

Cabe resaltar que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los grancanarios, con más de 10.000 demandantes y, pese a ello, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria lleva más de una década –bajo el gobierno insular de NC y PSOE– sin construir una sola promoción pública salvo el proyecto de 63 casas que se está ejecutando en el barrio capitalino de El Secadero y que ya acumula varios meses de retraso.

Asimismo, el PP denuncia que el grupo de gobierno en la Institución insular ha rechazado todas y cada una de sus iniciativas registradas para paliar el problema de acceso a la vivienda, que sufren principalmente los jóvenes y las familias más vulnerables. Entre ellas, la puesta en marcha de un plan para levantar 1.000 viviendas públicas con cargo a los remanentes de tesorería; la convocatoria de una línea de ayudas al alquiler social destinada a jóvenes y familias con escasos recursos; la creación junto a los 21 ayuntamientos de la Isla de una bolsa de viviendas vacías; o la compra de suelo para construir viviendas colaborativas para mayores que no requieran servicios sociosanitarios.

Por último, el Grupo Popular insta una vez más al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria a suscribir con la mayor celeridad un convenio de colaboración con el Instituto de Vivienda de Canarias (Icavi) para promover la construcción de vivienda pública en la Isla. Una iniciativa similar ya fue puesta en marcha a principios de año por el Cabildo de Tenerife, que destinará 45 millones de euros –de los cuales el 57,11% es aportado por el Icavi y el 42,89% por la administración insular– para incrementar en 257 viviendas el parque público en la isla picuda.