La inversión de 35 millones de euros anunciada por San Bartolomé de Tirajana para construir vivienda pública en el municipio está en el aire.

Un informe del servicio local de Patrimonio cuestiona el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Visocan para promover casas y alquileres asequibles en Castillo del Romeral, Santa Águeda o Lomo de Maspalomas. En total, 283 viviendas previstas frente a décadas sin invertir en promociones de esta naturaleza.

Visocan es una empresa pública del Gobierno de Canarias que está especializada en la promoción de viviendas sociales e infraestructuras en las islas.

Irregularidades graves

La colaboración con San Bartolomé de Tirajana, que fue aprobada por el pleno municipal a finales de 2023, comenzó a ejecutarse el pasado verano en Castillo del Romeral, pero un informe reciente de Patrimonio ve vicios de nulidad en dicho convenio de colaboración.

El documento, que lleva fecha del pasado 27 de octubre de 2025, censura la creación del parque de viviendas protegidas porque los actos administrativos dictados hasta la fecha "adolecen de graves irregularidades procedimentales", los cuales podrían invalidar todo el proyecto y truncar los 35 millones de inversión.

Nulidad de pleno derecho

El informe es contundente al señalar que el Ayuntamiento pudo haber incurrido en una causa de nulidad de pleno derecho. La razón principal es la omisión de trámites esenciales, destacando que el convenio y su posterior adenda se aprobaron sin contar con informes de fiscalización favorables de la Intervención Municipal.

A pesar de que los servicios jurídicos y la Intervención emitieron reparos y criterios desfavorables en diciembre de 2023, el Pleno municipal procedió a levantar esos reparos para autorizar el gasto.

Patrimonio advierte que este levantamiento no ampara actos posteriores, como el reconocimiento de la obligación de pago de 35 millones de euros ni la aprobación de la adenda en mayo de 2025, realizados nuevamente sin la fiscalización previa preceptiva, destaca el dictamen.

Irregularidades en la gestión

Entre las anomalías detectadas en la tramitación del expediente figura la firma de políticos sin aval técnico. El informe señala de manera directa al concejal de Vivienda, Alejandro Marichal, pues emitió informes sobre reparos jurídicos y suscribió memorias justificativas sin que conste la firma de ningún empleado público o jefe de servicio, lo cual contraviene el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de las entidades públicas.

También aprecia la jefa de Patrimonio falta de transparencia en los costes: Un informe técnico inicial estimaba la inversión en más de 35,5 millones para 283 viviendas, cifra que no coincide con los 35 millones finalmente pactados. En el convenio no existe "la más elemental motivación" sobre cómo se llegó a ese cálculo.

La tercera gran cuestión sospechosa es la elección de viviendas a dedo. No consta, en ese sentido, documentación ni actas que justifiquen por qué se seleccionaron 20 viviendas en la calle Juan de la Cosa (Castillo del Romeral), las cuales estaban construidas y han sido elegidas para destinarlas a alquiler asequible, desconociéndose si existen otras opciones y por qué fueron excluidas, añade Patrimonio.

Devolución de fondos y paralización

El efecto directo de este informe es la recomendación de suspender cualquier trámite de adquisición de las viviendas de Castillo del Romeral.

El Servicio de Patrimonio advierte que no puede ejecutar la compra porque que el convenio otorga esa gestión exclusivamente a Visocan, que cobraría 1,6 millones de euros solo por estas gestiones de intermediación.

Medidas correctivas

La técnico propone revisar de oficio el expediente administrativo e iniciar el procedimiento para declarar nulos los actos administrativos que dieron lugar a la aprobación del convenio.

En esa trámite también es necesario exigir a Visocan el reintegro de los 500.000 euros que ya han sido transferidos como primer pago de la adenda para las casas de Castillo del Romeral.

La otra opción, si no se opta por la nulidad, es realizar una convalidación de los actos bajo los términos que permite la ley, pero siempre supeditado a nuevos informes jurídicos y de intervención.

La visión de Marichal

Este revés jurídico deja en el aire la política de vivienda del municipio, condicionando una inversión millonaria a que el Ayuntamiento logre legalizar un expediente nacido con vicios radicales de ilegalidad, según sus propios técnicos.

El propio Marichal, tras aprobarse el convenio, pronosticó que San Bartolomé de Tirajana iba a dar "un salto histórico en la construcción de vivienda pública" porque esta era "la primera actuación significativa en en dos décadas”.

“La suma de nuevas viviendas y, sobre todo, la inminente incorporación de 20 viviendas para alquiler social, supone un alivio real para decenas de familias del municipio. Nuestro objetivo es que ningún vecino tenga que marcharse por falta de vivienda asequible", añadió el concejal.