Pocas cuestiones hay en esta vida más engorrosas que la burocracia. Quien la haya padecido en sus carnes lo sabe. El Cabildo de Gran Canaria se está viendo con el agua al cuello a la hora de gestionar contratos públicos por la falta de personal al mismo tiempo que incrementa el número de subvenciones que otorga –casi la mitad ‘a dedo’–. Eso deja entrever el informe firmado por el interventor de la Corporación Insular, José Juan Sánchez, sobre el ejercicio de 2023 y al que ha tenido acceso Atlántico Hoy.
El documento, tras poner sobre la mesa varios aspectos técnicos, ofrece una serie de conclusiones y recomendaciones. La primera es que el año pasado continuó poniéndose de manifiesto dificultades tanto en las diferentes consejerías como en los entes dependientes para licitar obras, servicios y suministros que estaban planificados en el presupuesto. Para ser exactos, se refiere a todo lo que se firmó hasta el año que está en el punto de mira. El tema se abordará este lunes en el pleno del mes de abril.
Alumbrado en carreteras
Aunque en relación a 2022 el interventor deduce una mejoría, no duda en resaltar que sigue habiendo prestaciones que se siguen realizando sin respaldo legal que los ampare. Además, expone que en muchos de ellos sigue habiendo anomalías. Algunos ejemplos de los que se están viendo perjudicados son la gestión de centros de atención a menores, la conservación del alumbrado en carreteras o los servicios en telecomunicaciones.
Sánchez revela que todos los casos que enumeró evidencian “un déficit de gestión en materia contractual motivado principalmente por la carencia de recursos humanos en la mayoría de las Áreas”. Una situación que provoca trabas de la propia intervención, organismo encargado de fiscalizar todo lo que tenga detrás dinero público para que se gestione correctamente.
Incremento de subvenciones
La pregunta es: ¿qué desencadena tantos problemas? “La ausencia de trámites esenciales en los expedientes, como la inexistencia de contratos o la utilización de la figura del contrato menor, vulnerando lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público, por fraccionamiento del objeto del contrato”.
A esto se le suma las subvenciones que entrega el Cabildo grancanario. Dentro de las cuentas previstas para el año pasado, el importe total fue de 152.054.933,40 euros, lo que supuso un 19% de todas las obligaciones reconocidas en el presupuesto. Y la cosa no queda ahí porque si se compara con el 2022, hay un incremento del 2%.
Los expedientes
El interventor considera que el volumen presupuestario, gestionado mediante esta figura de ayudas económicas, ha alcanzado un nivel cuantitativo importante. El inconveniente es que “comporta una gran carga burocrática en todas las áreas del Cabildo” porque “son expedientes que, dependiendo de la forma de concesión, permanecen activos largos periodos de tiempo y generando múltiples incidencias entre el inicio y el cierre”.
Lo llamativo es que de todas las subvenciones otorgadas, el 46,84% –es decir, prácticamente la mitad– se desarrollaron mediante concesión directa, conocida en la jerga popular como ‘a dedo’. “Teniendo este procedimiento carácter excepcional, se recomienda la utilización del procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva”, aconseja Sánchez.
Plan Estratégico
Otro apunte es que resulta necesario implementar un gestor de expedientes específico para subvenciones que abarque al Cabildo y Entes Dependientes. “La aplicación ha de ser capaz de gestionarlas en todas sus fases y modos de concesión, las relaciones con los beneficiarios y seguimiento de los resultados de la política subvencionadora”, reza el informe. Para ello se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para ceder a la Corporación Insular una aplicación informática, pero está aún en fase de instalación.
El Cabildo de Gran Canaria tiene un Plan Estratégico de Subvenciones cada año que, según el interventor, deberá contener una definición de objetivos y relación de indicadores que permitan un seguimiento y evaluación de los objetivos que se buscan a la hora de dar el dinero. “Han de servir de base para la toma de decisiones relativas al mantenimiento o en su caso cambios en las líneas de actuación por otras más eficaces y eficientes”, aclara.
Retrasos
Sánchez pone de relieve que a 31 de diciembre de 2023 hay retrasos de justificaciones que se tendrían que haber hecho de subvenciones. En algunos casos la culpa reside en los beneficiarios, que no han cumplido con sus obligaciones; y en otros parte de los servicios encargados de revisarlo. En conclusión, hay 32.229.329,74 euros con el plazo vencido para justificarse.
Entre las recomendaciones también hay para la contratación pública. El interventor pide un plan específico para sacar a licitación todos aquellos contratos de carácter recurrente vencidos y que continúan sin cobertura legal. Así como ampliación del gestor de expedientes a los contratos menores, con el fin de agilizar y homogeneizar procedimientos en este tipo de acuerdos.
Al parecer, han detectado una ausencia de expedientes de contratación en algunos servicios que superan los límites del contrato menor, o en servicios que, aún no superando el margen establecido por la Ley para el contrato menor, deberían haberse licitado, dada su naturaleza previsible y recurrente. Es el caso de Ferrocarriles de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno, Infecar o Mataderos Insulares de Gran Canaria.