El Cabildo de Gran Canaria pierde una de sus principales vías judiciales para defender el Plan Insular de Ordenación (PIO). El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado contra una de las sentencias que anularon la revisión del documento, aprobado en diciembre de 2022 para establecer las reglas del desarrollo territorial de la isla durante las próximas décadas.
La decisión deja firme la sentencia recurrida y supone un nuevo obstáculo para la estrategia jurídica del gobierno insular. El Supremo considera que el Cabildo no ha justificado adecuadamente la relevancia de las normas estatales invocadas ni la necesidad de que el alto tribunal se pronuncie sobre su interpretación. La providencia, de la que es ponente el magistrado José Luis Quesada Varea, no entra a examinar el fondo del conflicto.
El origen del problema está en la legislación utilizada para revisar el PIO. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) considera que el Cabildo aprobó el documento conforme a unas directrices de ordenación que habían quedado prácticamente derogadas con la Ley del Suelo de Canarias de 2017. Cuando la revisión recibió luz verde, cinco años después, esas disposiciones ya no constituían el marco normativo aplicable.
Cuatro sentencias
La revisión del PIO entró en vigor en enero de 2023 y provocó una sucesión de impugnaciones judiciales. Se presentaron 21 recursos, de los que dos decayeron. Entre los 19 restantes, siete solicitaron expresamente la nulidad del plan.
El TSJC ha dictado al menos cuatro sentencias contrarias al Cabildo, en procedimientos promovidos por demandantes como la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, el grupo Lopesan y Golf El Salobre. Todas coinciden en cuestionar que la institución insular aprobara un instrumento de planificación basado en una normativa prácticamente derogada.
La anulación de la revisión del PIO puede tener consecuencias sobre el desarrollo urbanístico de Gran Canaria, especialmente en los nuevos proyectos turísticos, industriales y residenciales. También afecta potencialmente a la ordenación del suelo rústico y determinadas infraestructuras portuarias. Su alcance dependerá del planeamiento que resulte aplicable y de la situación jurídica de cada actuación.
Sin recurso ordinario
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha defendido la legalidad del PIO y ha calificado las sentencias del TSJC de injustas, erróneas y desproporcionadas. También ha anunciado su intención de acudir a todas las instancias judiciales posibles, incluido el Tribunal Constitucional, si existen fundamentos para ello.
Sin embargo, la legislación establece que las providencias de inadmisión de casación del Supremo no son recurribles. Solo quedarían abiertas vías extraordinarias bajo condiciones específicas, como una eventual vulneración de derechos fundamentales.
La decisión no pone fin automáticamente a todos los procedimientos judiciales relacionados con el PIO, pero deja firme una de las sentencias que anulan su revisión y reduce las posibilidades del Cabildo de mantener el documento aprobado en 2022.
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