El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se enfrenta a una grave denuncia por una presunta mala praxis contable que podría haber ocasionado un perjuicio millonario al erario público. La demanda, admitida por el Tribunal de Cuentas y presentada por el empresario Juan Manuel Pérez León, detalla un patrón de pagos de complementos de productividad y gratificaciones extraordinarias otorgados de manera arbitraria, opaca y sin los requisitos legales mínimos desde el año 2011, cuando el actual alcalde Marco Aurelio Pérez inició su primer mandato.
La acusación describe un modus operandi sistemático que, según el denunciante, "ha desembocado en uno de los escándalos de gestión más prolongados y graves del municipio". A pesar de que sentencias firmes ya han anulado anteriores complementos por considerarlos nulos de pleno derecho, el ayuntamiento no habría exigido la devolución de las cantidades, estimadas en cientos de miles de euros, ni habría corregido las irregularidades.
Sin control
El foco principal de la denuncia es la asignación de complementos de productividad —un tipo de retribución variable destinada a premiar el rendimiento extraordinario— sin objetivos definidos, sin evaluación objetiva del desempeño y sin motivación específica. La cifra global abonada podría superar los 3,2 millones de euros anuales, si se extrapola el pago del primer trimestre de 2025, que ascendió a 806.395,36 euros, según el Decreto 2125/2025.
La denuncia argumenta que el reparto de fondos públicos se ha realizado al margen del reglamento aprobado por el propio Pleno municipal, que exige la definición previa de programas de objetivos, su comunicación a la plantilla y una evaluación individualizada. Estas condiciones, señala, no se están cumpliendo.
Ni siquiera la Unidad de Seguridad Ciudadana y Proximidad —que agrupa al 43% del cuerpo policial— cuenta con objetivos formalizados, como se constata en un escrito registrado por 22 agentes en enero de 2025. Esta ausencia de planificación impide la trazabilidad del gasto y refuerza los indicios de discrecionalidad.
96.000 euros anuales
Uno de los casos más llamativos denunciados apunta a un funcionario que ostenta varias jefaturas simultáneamente y habría llegado a percibir hasta 24.000 euros por trimestre en concepto de productividad, lo que supondría 96.000 euros al año, una cifra que supera con creces el sueldo base de su categoría.
Esto vulneraría el artículo 4.3 del reglamento municipal, que prohíbe recibir el complemento por más de una jefatura. Además, se detectaron pagos a personal en situación de baja médica y la coexistencia de estas productividades con horas extraordinarias, a pesar de que algunos beneficiarios no cumplen ni con la jornada laboral regular, según afirma el denunciante.
Ocultación deliberada
La opacidad en la gestión es otro de los elementos centrales del documento presentado al Tribunal de Cuentas. Desde el 7 de enero, el concejal de la oposición Samuel Henríquez (Primero Canarias) ha reclamado, sin éxito, el acceso a los expedientes de abono de productividades del año 2024. Esta negativa ha obligado al edil a presentar reclamaciones formales ante el Secretario General, la Intervención Municipal, el Comisionado de Transparencia de Canarias y los medios de comunicación.
A juicio del denunciante, la respuesta parcial del ayuntamiento, seis meses después, resulta insuficiente y podría evidenciar una estrategia dilatoria para evitar el control político e institucional. La Intervención inició supuestamente un expediente de control financiero en octubre de 2024, pero a fecha de junio de 2025 aún no ha concluido ni ha sido publicado.
Desviar el foco
El 12 de marzo, el alcalde Marco Aurelio Pérez convocó a los empleados municipales a una reunión informativa para abordar este escándalo. Allí, con la interventora presente, trasladó que se había iniciado un expediente de reintegro para reclamar cantidades indebidas a más de un centenar de trabajadores. El denunciante interpreta esta medida como un intento de desviar la atención desde la gestión política hacia los trabajadores afectados.
Además del complemento de productividad, el ayuntamiento aprobó, mediante el Decreto 2020/2025, gratificaciones extraordinarias por valor de 72.783,10 euros, correspondientes al primer trimestre de 2025. Estas retribuciones carecen de justificación concreta, ni constan informes técnicos, ni registros horarios que acrediten la necesidad de ese pago adicional.
Esto lleva al denunciante a hablar de una doble vía encubierta de sobresueldos, desligada del rendimiento real y contraria al principio de eficiencia y legalidad del gasto público.
Solicitudes al Tribunal de Cuentas
La denuncia concluye solicitando que el Tribunal de Cuentas inicie una investigación preliminar de fiscalización (petición admitida); verifique si se ha producido un menoscabo de fondos públicos; determine responsabilidades contables o disciplinarias; exija al ayuntamiento la entrega completa de los expedientes administrativos digitalizados; e incluso, suspenda cautelarmente los pagos mientras no se acredite el cumplimiento del reglamento vigente.
Además, pide que si se detectan indicios de delito, se remitan los hechos al Ministerio Fiscal.
¿Error puntual?
Este conflicto no es nuevo. Desde enero de 2025, sindicatos, medios de comunicación y partidos como Nueva Canarias vienen denunciando públicamente estos hechos. El ayuntamiento, sin embargo, ha mantenido silencio o ha negado las irregularidades, según recogen medios —entre los que figura Atlántico Hoy—.
En opinión del denunciante, lo ocurrido no es fruto de un error puntual, sino de decisiones tomadas a conciencia para beneficiar a personas concretas, con el visto bueno del poder político, especialmente del grupo PPAV liderado por Marco Aurelio Pérez.