La controversia judicial sobre la central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria da un nuevo paso. La organización ecologista Turcón-Ecologistas en Acción ha anunciado la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Gobierno de Canarias que autorizó el proyecto, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimara sus argumentos en una sentencia dictada el pasado 10 de abril de 2026.

La entidad considera que el procedimiento utilizado para sacar adelante la infraestructura energética fue excepcional y permitió suspender el planeamiento urbanístico y territorial vigente para dar encaje a una obra promovida por Red Eléctrica de España.

Recurso al Supremo

El origen del litigio se remonta al Decreto 114/2021, aprobado por el Gobierno de Canarias el 25 de noviembre de 2021, mediante el que se autorizó la ejecución del proyecto denominado “Central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria; reformado del proyecto de construcción. Modificado II”.

Según Turcón, el decreto recurrió a mecanismos jurídicos excepcionales que permitieron alterar la protección territorial existente para facilitar la construcción de la infraestructura.

Tras estudiar la sentencia del TSJC, el colectivo ha optado por presentar dos recursos diferenciados: uno de casación estatal, que será analizado por el Tribunal Supremo, y otro de carácter autonómico, que corresponderá nuevamente al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Red Natura 2000

Los ecologistas sostienen que la central de bombeo afecta directamente a tres espacios integrados en la Red Natura 2000 e indirectamente a otros dos, además de tener repercusiones sobre el Barranco de Arguineguín.

En el recurso estatal, la organización centra buena parte de su argumentación en supuestas vulneraciones del Derecho ambiental europeo y estatal. Entre los fundamentos jurídicos invocados destacan la Directiva Hábitats de la Unión Europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el principio de no regresión ambiental.

Turcón considera que la cuestión tiene una relevancia que trasciende el caso concreto de Gran Canaria, ya que plantea el debate sobre cómo compatibilizar la implantación de grandes infraestructuras energéticas con las obligaciones de conservación de espacios protegidos.

Debate sobre la transición energética

En el ámbito autonómico, el recurso cuestiona la interpretación realizada por el Gobierno de Canarias del artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias y los límites de las facultades que dicha norma otorga a la Administración.

Para la organización ecologista, el procedimiento judicial abre un debate de fondo sobre el modelo energético que debe desarrollarse en Canarias en las próximas décadas.

Turcón defiende la necesidad de avanzar hacia la transición energética, pero rechaza que esta se realice a costa de espacios naturales protegidos o de suelo rústico con protección agrícola. En este sentido, apuesta por un modelo energético que define como público, sostenible, descentralizado y compatible con la conservación de la biodiversidad.

El colectivo considera que los recursos presentados buscan propiciar que los tribunales superiores se pronuncien sobre cuestiones jurídicas de gran trascendencia para el futuro de la planificación energética y ambiental en España.

La decisión que adopten tanto el Tribunal Supremo como el TSJC podría marcar criterios relevantes sobre los límites de las administraciones para impulsar infraestructuras estratégicas en territorios con elevados valores naturales y sobre el equilibrio entre la transición energética y la protección ambiental.