Gran Canaria vive un drama que va en aumento. La isla ha sido testigo de cómo ha aumentado el número de niños menores de seis años que viven en centros tutelados. La cifra, que hace tan solo unos años era mínima, ha alcanzado los 43 menores en edad preescolar que esperan por una familia de acogida. Un problema que ha puesto en alerta a las instituciones.

La clave para entender la dimensión no está solo en el dato, sino también en las razones. Un análisis rápido permite sacar la hipótesis más evidente: si son personas con menos de seis años, significa que han nacido durante o después de la pandemia. ¿Qué ha pasado en las Islas desde entonces? Lo mismo que en toda España: un encarecimiento salvaje de la vivienda.

Precio de la vivienda

Si alguien tiene alguna duda, que haga la prueba del algodón: comprobar las cifras, porque nunca engañan. Según Idealista, en diciembre de 2019, el metro cuadrado en Las Palmas de Gran Canaria costaba 2.008 euros. El pasado mes de abril estaba en 2.756 euros. Si un piso familiar puede tener entre 40 y 80 m2, eche cuentas. Lo que sigue ya no sorprende a nadie.

Donde más se nota —como todo— es en los entornos vulnerables. Aquellos barrios donde la renta es más baja y la precariedad laboral es protagonista. Unos lugares que, históricamente, han denunciado abandono por parte de las instituciones y donde las dificultades económicas se multiplican a pasos agigantados. Pero todo se complica cuando hay menores afectados.

Protección infantil

“A partir de 2022 comienzan a incrementarse los precios de la vivienda, del suelo y de los derechos básicos”, señala Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN). Un inconveniente, apunta, que se agrava al tener en cuenta que los salarios están estancados —porque no han crecido a la par que la subida de los costes—.

Pero la cosa no queda ahí: apunta que el sistema debe intervenir antes de que exista desamparo porque, de lo contrario, será tarde para actuar. “La protección infantil no puede consistir solo en retirar y recolocar, también debe prevenir la ruptura familiar cuando sea posible y seguro”, afirma. Es decir, aquellos lugares más desfavorecidos, requieren urgencia.

"¿Qué pasa con la violencia?"

“Tenemos que responder a varias preguntas: ¿qué ocurre con la pobreza infantil en Canarias?, ¿qué pasa con la vivienda?, ¿y con la salud mental familiar?, ¿con la violencia?, ¿con los apoyos a maternidades vulnerabilizadas?, ¿con la conciliación?, ¿con la dependencia parental?, ¿con las migraciones y la exclusión?”, reflexiona la directora de ODESOCAN.

“Contamos con una de las mayores tasas de problemas de salud mental y consumo de antidepresivos y sedantes. La política pública ha respondido incrementando el gasto farmacológico en vez de garantizar derechos. En lugar de tratar el derecho, se está tratando el diagnóstico de la ausencia del derecho”, asevera Colao.

Unidades afectivas

Subraya que, aunque es importante mejorar las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en los centros de acogida, así como aumentar los equipos, no dejan de ser medidas paliativas ante un drama mayor. “El problema está en cómo esta tierra expulsa niveles de vida, protección y unidades afectivas porque la gente no puede permitirse construirlas”, dice.

“Canarias tiene una de las cestas de la compra más caras de España, de los salarios más bajos y uno de los mayores incumplimientos de derechos sociales”, resalta. En esencia, la dificultad está en que los baches económicos y sociales condenan a muchas familias grancanarias a separarse de sus hijos porque no tienen la capacidad de sacarlos adelante.

Natalidad y prevención

Colao indica que puede haber un sinfín de razones. “También hay que tener en cuenta que los índices de natalidad son mayores en entornos vulnerabilizados con más privación material, porque los niveles de prevención del embarazo, información y educación afectivo-sexual son menores”, asevera.

“Gracias al sistema público existe cierta protección, pero muchas veces los espacios más vulnerabilizados son también los que soportan mayor presión de natalidad precisamente porque no pueden permitirse otra cosa”, prosigue.

"Estamos retrocediendo"

Por otro lado, cuenta que el aumento de niños en esa situación le parece “grave” porque “significa que no estamos avanzando en desinstitucionalización, sino retrocediendo”. 

El pasado mes de mayo, el Cabildo de Gran Canaria aprobó una moción durante una comisión de pleno para instar al Gobierno de Canarias —quien tiene la tutela— para aumentar el personal administrativo y así se agilice la acogida por parte de las familias.

"Actuar de raíz"

Colao lo considera preocupante porque vuelve a situar a las familias, dice, como quienes deben resolver el problema de institucionalización de la administración. Pide que las instituciones sean críticas en cómo están “destruyendo las unidades afectivas en Canarias”. En definitiva, atajar el problema de raíz y apostar por apoyar a los más vulnerables.

“Tengo la sensación de que los partidos analizan los problemas de forma segmentada, Canarias tiene un problema general de cuidados”, resalta.

“Hace tres años la gente no destinaba el 70% de su sueldo a pagar vivienda. La pregunta no debería ser cuántos niños estamos dispuestos a promocionar para que sean acogidos, sino cuántas infancias van a terminar institucionalizadas porque no se ha solucionado el problema de origen. Porque puede duplicarse”, concluye.