Un equipo liderado por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar se encargará de redactar las ordenanzas provisionales municipales de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), que clarificarán la compatibilidad entre los usos residencial y turístico en parcelas de su zona turística.

La edil de Urbanismo, Davinia Ramírez, ha remarcado que "estas ordenanzas resolverán la situación de incertidumbre con la que viven 16.000 vecinos en la zona turística".

Contrato con la ULL

En un comunicado remitido este miércoles, el Ayuntamiento ha informado de la formalización del contrato, a través de la Fundación de la Universidad de La Laguna, tras el acuerdo plenario suscrito el 27 de junio de 2024 que declaró la necesidad urgente de regular esta coexistencia de usos en tanto se modifica el planeamiento general.

Las ordenanzas provisionales buscan establecer la compatibilidad provisional de los usos residencial y turístico en parcelas que el planeamiento municipal actual denomina como apartamentos o 'bungalows'.

Seguridad para los residentes

Esta medida permitirá que ambos usos coexistan en la misma parcela, siempre que los usos turísticos cumplan con la normativa autonómica aplicable, explica la nota.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha indicado que las ordenanzas provisionales no pretenden transformar las zonas turísticas en residenciales, sino regularizar situaciones ya existentes y, con ello, "ofrecer seguridad jurídica a los residentes que habitan en zonas turísticas desde hace décadas".

Apoyo del Gobierno de Canarias

Según la nota, esta iniciativa se enmarca en la respuesta dada por el Ejecutivo de Canarias a la problemática del uso residencial en zonas turísticas, ya que el Consejo de Gobierno aprobó un decreto-ley de medidas urgentes que suspende temporalmente, a petición de los afectados, las sanciones por residir en zonas turísticas.

El citado decreto otorgaba a los ayuntamientos un plazo máximo de tres años para llevar a cabo la especialización de usos, permitiendo a los residentes solicitar el cambio de uso a la administración local.

Defensa del uso residencial

Marichal ha manifestado que el Ayuntamiento lleva a cabo este trámite porque así lo ha solicitado el Gobierno de Canarias, aunque considera que "la legislación vigente ya permite residir en zonas turísticas".

Y ello porque la mayoría de los apartamentos se construyeron antes de 1995 y la Ley 2/2017 del Suelo consolidó el uso residencial existente hasta el 1 de enero de 2017, ha señalado.

Además, ha indicado que el Plan General de Ordenación de 1996 de San Bartolomé de Tirajana no ha especializado el uso de las parcelas, con lo que resulta "incomprensible que la Consejería, en base al artículo 23 de la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, exija a nuestros vecinos el cumplimiento del uso turístico sin que exista esa especialización".

Respaldo ciudadano

Según Marichal, "en el peor de los casos, muchos de los vecinos estarían amparados por una situación legal de consolidación del uso residencial, por lo que ningún vecino es ilegal y así lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias".

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doresta, ha agradecido al Ayuntamiento su implicación para resolver este problema "de gran calado social, que tiene a muchas personas preocupadas por su futuro y el de sus viviendas".

Así mismo, ha dicho que "Marichal y su equipo han tendido siempre la mano para colaborar y conseguir entre todos una ciudad del siglo XXI que pone a la ciudadanía en el centro y no sólo a la actividad económica", según el comunicado.

Experiencia y plazo

La redacción de las ordenanzas, que deberán estar finalizadas en un plazo de seis meses, ha sido encomendada a un equipo liderado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco José Villar Rojas.

Villar Rojas cuenta con una amplia trayectoria en derecho urbanístico, habiendo coordinado el equipo redactor del borrador de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y posteriormente del Reglamento de Planeamiento de Canarias, precisa la nota.