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La diputada socialista, Alicia Vanoostende. / PSOE LA PALMA

Las ayudas del Tajogaite llegan a los tribunales: Vanoostende exige conocer la lista de beneficiarios

La diputada socialista defiende que necesita la documentación para fiscalizar la gestión del Ejecutivo y asegura que los servicios jurídicos del Parlamento avalaron su acceso

La diputada socialista por La Palma, Alicia Vanoostende, ha llevado a los tribunales la negativa del Gobierno de Canarias a facilitarle un listado de los beneficiarios de las ayudas públicas concedidas por la erupción del volcán de Tajogaite, después de agotar las vías parlamentarias para acceder a esta información.

Vanoostende ha explicado en rueda de prensa que su petición busca ejercer su función de control al Ejecutivo y ha asegurado que los servicios jurídicos del Parlamento respaldaron su derecho a acceder a la documentación.

"Yo no he elegido este camino, sino que el Gobierno me ha llevado hasta aquí", ha afirmado la diputada, quien ha recalcado que no cuestiona "las ayudas, las cantidades pagadas ni a los beneficiarios", sino que necesita información para poder fiscalizar la gestión del Gobierno.

Solicitud 

Según ha relatado, inicialmente solicitó un listado de los beneficiarios y el Ejecutivo le ofreció consultar la documentación en la consejería correspondiente, una opción que Vanoostende ha rechazado porque, según ha señalado, necesita disponer de la información para estudiarla y trabajar con ella.

La diputada ha señalado que, pese al criterio favorable de los servicios jurídicos y de la Mesa del Parlamento, los grupos que sustentan al Gobierno votaron posteriormente en contra de facilitarle la información en el pleno.

"¿Por qué no podemos conocer la información?" 

Vanoostende ha defendido que la protección de datos y el acceso a la información son compatibles y ha negado que el recurso judicial pretenda modificar las ayudas o los derechos de los afectados. También ha rechazado que el PSOE haya obligado a los damnificados a personarse en el procedimiento y ha asegurado que fue el Gobierno de Canarias quien publicó el emplazamiento judicial.

“Si las ayudas están correctamente concedidas y todo se ha tramitado conforme a la legalidad, ¿por qué no podemos conocer la información para poder comprobarlo?”, ha cuestionado la diputada palmera, que considera que “el que nada teme, nada oculta”.

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